Por Danilo Contreras (Especial para Revista Zetta 20 años).- La peste ha provocado situaciones que causan permanente perplejidad. Una de ellas ha sido que la epidemiología ha pasado de ser una ciencia inexpugnable, para convertirse en una materia de manejo cotidiano, casi escolar, como lo es la mera aritmética. Nociones como el “aplanamiento de la curva de contagios”, confinamiento, pandemia, o “picos de contagio”, son de manejo ordinario.
Esa pedagogía nos ha hecho comprender que el aislamiento social no es solución, sino una forma de ganar tiempo e intentar hacer lo que no intentaron quienes dilapidaron la oportunidad de fortalecer la idea de la salud como derecho a cambio de su mercantilización. La cuarentena no es una cura. La cura es una vacuna en la que se trabaja febrilmente pero que sólo se obtendrá a la vuelta de varios meses para el norte global y quien sabe para cuándo por estos “sures”.
Esta noticia que parece desalentadora, guarda el germen de una esperanza que es una virtud poderosa.
Mutatis mutandis, podemos colegir que las medidas que prueban que solo el 1.2% del PIB de Colombia se destina a la crisis, frente al 12% del PIB que destina el Perú con la misma finalidad, se constituyen es meros paliativos que no conseguirán morigerar con eficiencia el golpe directo de la pandemia y mucho menos solucionar las graves secuelas que amenazan ya con destruir el tejido social y la economía.
Estos dilemas avivan discusiones que eran “tabú” en las épocas de la normalidad que día a día vamos dejando atrás. Una de esas discusiones alude a las fuentes de los recursos que son menester para enfrentar la coyuntura y más allá de eso, los recursos necesarios para construir una hacienda que permita la recuperación de la economía y, más profundamente, una transformación para hacerla justa y adecuada a la redistribución de la riqueza en contraposición con la inmoral desigualdad del hipercapitalismo que pesa sobre las sociedades y sus estamentos vulnerables.
Si la “normalidad” ha expirado, debemos comprender que las viejas concepciones con las que construíamos las soluciones a los problemas deben ser replanteadas, para edificar una idea nueva de conciudadanía (somos ciudadanos con el otro) fundamentada en la justicia, la igualdad y la solidaridad.
La grave situación que arrecia con el curso monótono de los días, corresponde a un régimen desigualitario que es consecuencia, en gran medida, de la alta concentración del capital en el mundo, el país y particularmente en el departamento y su capital, cuya radiografía se refleja en datos expuestos por los profesores Luis Fernando López y Dairo Novoa, quienes señalan que “según nuestros cálculos, menos del 1% de las empresas concentran más del 99% del patrimonio empresarial existente en la ciudad”, en tanto que “aproximadamente 267 mil personas tienen que sobrevivir con menos de $8.350 diarios y 40 mil personas están padeciendo pobreza extrema” (López y Novoa, 2020).
La crudeza de estas cifras tiene lugar en un contexto financiero que analistas describen así: “La crisis económica generada por el coronavirus podría impactar en un promedio ponderado los recaudos de impuesto predial e industria y comercio entre un -30% 0 -33%” (Agustín Leal Jerez, 2020, Revista Metro). El autor concluye que la desfinanciación del rubro ICLD podría rondar los $256 mil millones de pesos.
Los fríos números se traducen en destrucción del sistema sanitario, devastado por la corrupción administrativa; colapso del sistema educativo que es la esperanza de cambio de nuestros niños y jóvenes; y en recrudecimiento de ese otro virus que nuestro pueblo teme más que al Covid 19: El hambre. Un panorama desolador.
Ante estas realidades es preciso que la sociedad y los gobernantes abreven en las prístinas fuentes de las experiencias históricas de los pueblos que en el terrible siglo XX superaron el apocalipsis de dos guerras mundiales y la peor recesión que ha conocido el capitalismo moderno, ocurrida a partir 1.929. Esas naciones superaron sus dificultades a partir de una política de progresividad fiscal que salvo al pueblo y recuperó sus economías para dar vida a la fórmula más sofisticada de gobierno democrático que los seres humanos han concebido desde que nos congregamos en ciudades y emprendimos la agricultura, hace 10 mil años: El Constitucionalismo y el Estado de Bienestar.
Es preciso que los dirigentes y la ciudadanía convengan discutir abierta y generosamente una reforma del estatuto tributario local y departamental para impulsar, de manera extraordinaria, i. un ajuste hacia arriba de las tarifas del ICA e IPU, en el orden Distrital y del impuesto de registro en lo departamental; ii. la revisión del régimen de exenciones; iii. reglamentación de la plusvalía en el centro histórico y norte de la capital y; iv. del derecho de uso de más de 11 millones de metros cuadrados de baldíos urbanos en Cartagena, de modo que los que más tienen y quienes han construido riqueza gracias a sus capacidades, pero también gracias a las facilidades normativas que el Estado les ha ofrecido y por causa del trabajo de los obreros y empleados que se esfuerzan en sus empresas, puedan, en esta encrucijada sinigual, realizar la justicia de un proceso de redistribución de la riqueza, que no los empobrecerá, pero ayudará a que no naufraguemos en el piélago profundo que nos ha correspondido navegar.
No hay otra alternativa justa. La peste nos podrá hacer más humanos o regresarnos a la época de los cafres que basaron su poder y los privilegios en autoritarismos, antes que en la compasión. Un proceder tal será honra para las conciencias de los líderes actuales y devolverá dignidad al pueblo maltratado por tantos, durante demasiado tiempo.
Un grupo de cartageneras y cartageneros de diversos orígenes y creencias, han lanzado una propuesta de progresividad fiscal a las autoridades locales, que sin duda debe tener alcances nacionales, a fin de que abordemos las soluciones desde una perspectiva que supere la ideología que justifica la desigualdad que nos enajenaba en épocas de “normalidad”. Será un camino largo y este un primer paso.
