Por Manuel Berrío (Especial para Revista Zetta 20 años).- Una crisis es el momento, en economía, en donde se sustenta la existencia del Estado. Reducir en épocas de dificultad económica el gasto público se convierte inmediatamente en un desacelerador directo de la economía. Quienes saben de Economía ya deben entender a que me refiero, al multiplicador fiscal.
En una crisis como la actual, en donde el sector privado agoniza económicamente, el sector público debe aumentar su gasto para impulsar la economía. Entendamos gasto público como todo lo que desembolsa el Estado para su operación, es decir, contratación de personal, gastos de funcionamiento e inversión.
Disminuir el personal contratado y frenar la inversión pública, no contribuye a mejorar la economía. Esto es así, lo explica la teoría y lo confirman los estudios. Como ejemplo, supongamos que se aumenta en 100 millones el gasto público, los nuevos empleados y los empresarios que venden bienes y servicios a la Administración, reciben esos pagos y se gastan parte de ese dinero en consumo. Lo que consumen, se convierte en demanda de bienes y servicios que las empresas deben producir y ofrecer. Para hacerlo, necesitan contratar trabajadores y comprar materia prima de otras empresas, generando nuevos ingresos que son consumidos y así, sucesivamente continua el ciclo.
La única razón para que los resultados del aumento del gasto público sean negativos o contradictorios, son las prácticas de corrupción usuales en gobiernos frágiles. Pero la corrupción no puede ser la razón para frenar el gasto público. Los corruptos permean todo el aparato estatal, y si de verdad hay intención de combatirlos, necesitamos entender su modus opernadi.
Desafortunadamente, la corrupción inicia desde el mismo momento de la composición del presupuesto gubernamental. El éxito del corrupto es lograr manipular la distribución del presupuesto en favor de inversiones difícilmente verificables y de costoso seguimiento, como por ejemplo los grandes proyectos de infraestructura, las compras de sofisticados equipos médicos, los eventos e inversiones relacionados con la cultura, la seguridad ciudadana y el orden público, entre otros.
Los hechos demostrables de corrupción asociados al gasto en contratación de personal son limitados. Resulta más fácil y simple monitorear los informes de gestión y el pago de honorarios, que verificar las compras de insumos médicos, las entregas de mercados humanitarios o la construcción de un hospital.
Muchos culpan al Estado de la crisis que vivimos, pero se debe recurrir a él para facilitar la recuperación económica, eso sí, de los Gobiernos actuales esperamos una contratación e inversión publica con los mas altos criterios de transparencia y equidad, para propiciar exclusivamente el bienestar general de nuestra sociedad, y no la riqueza de unos pocos.
MANUEL BERRIO
Profesional en Finanzas, Especialista en Gerencia Empresarial y Magíster en Administración.
