Con la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal UCC-PRF-059-2020, la Contraloría ordenó el rastreo de los bienes del alcalde de Cartagena, William Dau, así como del exdirector del Dadis, Álvaro Fortich, y el representante legal de Ventas y Distribución Marketing Limitada, Irán Gabino Borja Monroy.
La resolución de apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordena al Grupo de Búsquedas de Bienes de la Contraloría General de la República “que allegue la información relacionada en las bases de datos con las que este órgano de control tiene convenio vigente, sobre las direcciones de domicilio y los bienes de las personas naturales y jurídicas que se vinculan al proceso en esta providencia».
Así las cosas, una vez terminen estas pesquisas se harán efectivos los embargos o medidas cautelares que incluirían los salarios del alcalde William Dau.
La resolución alude a los presuntos sobrecostos por $193 millones en un contrato entre la Alcaldía y la citada empresa, por valor de $1.2150.500.
En la resolución se expresa que: “La acción adelantada por la Contraloría General de la Republica, detectó la existencia de sobrecostos del orden de $193.357.579, en el Contrato de Compra – Venta No. 7 del 8 de abril de 2020, celebrado entre el Distrito de Cartagena y la empresa Ventas Distribución y Marketing Ltda., con el objeto de contratar el suministro de insumos sanitarios y de protección como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante el COVID-19, en el Distrito de Cartagena.
El acto administrativo revisó cada etapa de la contratación, e incluso relacionó una “Visita Especial del 14 de mayo de 2020, realizada a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias y contenida en acta suscrita por los funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar (comisionados por La Contraloría Intersectorial No. 14) y por los señores Mirna Martínez Mayorga y Néstor José Monterrosa López en representación de la Alcaldía de Cartagena”.
En la determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de la cuantía, la resolución establece que en este caso, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, “se puede establecer la ocurrencia de un daño al patrimonio del Estado como consecuencia del sobreprecio sin justificación alguna de los elementos pactados en desarrollo del Contrato 07-2020 y que de acuerdo al cálculo aportado en el auto de cierre de indagación preliminar asciende a $193.357.579, con la advertencia que dicha cifra podría incrementarse si los termómetros infrarrojos son entregados o si los elementos efectivamente recibidos son de calidad menor a la estipulada, situación que deberá ser verificada en el devenir del proceso en concomitancia con la ejecución y terminación de la actividad contractual.
La resolución abre el proceso ordinario de responsabilidad fiscal, vincula al alcalde, al director del Dadis y al representante legal de la firma contratista, incorpora las pruebas recaudadas, ordena rastrear sus bienes, ordena las respectivas notificaciones, y dispone que “Una vez sean notificados los presuntos responsables fiscales vinculados con esta actuación, ESCUCHARLOS en diligencia de exposición libre y espontánea”.
Esta diligencia aún no tiene fecha.
