Por Erich Piña (Concejal de Cartagena.- Especial para Revista Zetta).- Es realmente un hecho notorio que la prevención y planificación del riesgo, es una actividad que en la última década ha cobrado relevancia total, y más importancia reviste en estos momentos de inusitados cambios climáticos que están provocando a nivel mundial afectaciones de toda índole, que incluso, están impactando seriamente las economías de Estados Desarrollados y los denominados del tercer mundo; así mismo, la puesta en marcha de nuevas tecnologías en lo que respecta a la prestación de servicios públicos domiciliarios, sistemas de transportes masivos, explotación de hidrocarburos, obras públicas civiles, etc, crean inexorablemente un riesgo que debe ser mitigado desde las más altas esferas de la Estructura del Estado hasta sus entes territoriales quienes son los receptores de la materialización del riesgo sin dejar de inmiscuir a todos los habitantes del territorio Nacional en calidad de corresponsables de la gestión o prevención del riesgo.
El legislador mediante la ley 1523 de 2012 adoptó el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, a pesar del atraso con que llegó esa iniciativa y hoy realidad legislativa, ha sido un instrumento normativo de valiosa colaboración en la prevención del riesgo para contrarrestar los distintos desastres a los que nos hemos visto sometidos en los últimos tres (3) años, creería que, si ésta normatividad hubiere estado presente hace treinta (30) años, no habríamos sido testigos de calamidades tan grandes como la sucedida en Armero, el Desastre del Eje Cafetero, o para ser más ilustrativos de nuestra realidad local, en Cartagena de Indias, quizás nuestra administración Distrital hubiere podido planificar o prever la calamidad sucedida en el Barrio de San Francisco.
Desde el año de 1999, el Banco Mundial ha venido colaborándole al Estado Colombiano en la Gestión del Riesgo de Desastres, pero sólo hasta después de las duras consecuencias sufridas por el fenómeno de la Niña en los años 2010 y 2011, el Departamento Nacional de Planeación solicitó el acompañamiento de ésta entidad multilateral, a través de la formulación de un documento investigativo con recomendaciones de corto y largo plazo, que contribuyan a reducir la afectación de la población y el impacto económico de los desastres, éste documento ilustra como conclusión, que si el país no quiere seguir viendo su crecimiento económico acompañado de pérdidas cada vez más frecuentes y de mayores dimensiones, es fundamental un cambio radical en las políticas de desarrollo y en las prácticas de gestión territorial y sectorial. Por lo tanto, el presente documento define una serie de recomendaciones para elevar la gestión del riesgo de desastres a nivel de política de Estado, mostrando que la prioridad para reducir el impacto de los desastres, está en la tarea de mejorar las condiciones de uso y ocupación del territorio, razón por la cual, los honorables Concejales del Distrito de Cartagena de Indias, debemos hacerle seguimiento a las políticas públicas que adelante la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en éste sentido; en éste orden de ideas, no podemos dejar que el inapelable paso del tiempo y la no ejecución de una verdadera gestión del riesgo en todas las actividades que se realizan en nuestra ciudad, sean públicas o privadas, se ejecuten sin la observancia de la normatividad correspondiente que mitiga los riesgos de esas actividades, es así, como los espectáculos públicos deben cumplir con los lineamientos claros y precisos que la Administración fije para su realización; las obras civiles públicas y privadas que se realicen en el Distrito tienen que ser ejecutadas con todas las normas de prevención de Daños a terceros; la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo debe tener una política de atención en la gestión del riesgo y desastre, con gran dedicación a la mitigación del riesgo que involucra la actividad peligrosa que desarrolla el SITM; al amplio desarrollo urbanístico que se ejecuta en la ciudad de Cartagena de Indias, debe exigírsele serias y contundentes estrategias de políticas de gestión del riesgo, cuyo objeto sea prever la ocurrencia de siniestros a futuro como los acaecidos en el Barrio de San Francisco, y es reiterativa la mención de semejante evento que para mí y para muchos Cartageneros fue catastrófico, toda vez que reportó un desplazamiento de personas al interior de las misma ciudad, deterioró el patrimonio de las familias que habitaban el sector donde se presentó ese maléfico acontecimiento, y que hoy en día, constituye una acción judicial pregonada por los afectados en contra del Distrito de Cartagena que amenaza las arcas de la Administración Distrital.
Al Concejo Distrital de Cartagena de Indias le sobreviene una gran responsabilidad jurídica, urbanística, ambiental y económica cuando avoquemos el conocimiento, discusión y potencial aprobación del Proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, y ésta manifestación la realizo, en virtud que, la gestión del riesgo de desastre es una política pública que debe estar inmersa en la nueva estructura organizacional del territorio de nuestra ciudad y sus corregimientos, reglamentando los distintos usos del suelo conforme a la mitigación del riesgo de las actividades que se vayan a desplegar, teniendo en cuenta que no debemos por acción u omisión, dejar que se generen hechos calamitosos que pudieron preverse desde la limitación del uso del suelo para ciertas actividades en zonas de la ciudad que podemos dictaminar si son o no son zonas de alto riesgo; en consonancia con lo anterior, y citando el texto investigativo y conclusivo generado por el Banco Mundial, es necesario reseñar que, “los mayores porcentajes de pérdidas de vida y de viviendas destruidas acumuladas desde los años de 1970 a 2011 corresponden a deslizamientos e inundaciones”, motivo por el cual, en Cartagena, ciudad que sufre con los inviernos inclementes que produce ya no sólo inundaciones en las zonas sur orientales sino también ya en la zona norte de la misma ciudad, y ni que decir de nuestros corregimientos, quienes padecen de la necesaria infraestructura vial y cuerpos de asistencia que puedan disuadir cualquier siniestro, prueba de ello es la irrefutable inexistencia de estaciones de bomberos cerca a esos corregimientos; y en cuanto a las Islas, hoy somos testigos como la erosión de ellas tiene a la Administración en plena ejecución acelerada de obras que mitiguen éste fenómeno; todo lo anterior prueba que, la ordenación del nuestro territorio propiciará una verdadera gestión del riesgo en la cual todos somos responsables.
Finalmente, y a título de conclusión, es preciso afirmar que, si logramos implementar verdaderas políticas de gestión del riesgo en nuestra ciudad evitaremos innecesarias lamentaciones, y por el contrario tendremos una ciudad más ordenada, más competitiva, más sostenible en su desarollo en la que podamos decir tranquilamente que PREVENIR ES VIVIR.
ERICH NIJINSKY PIÑA FELIX
Concejal de Cartagena