La concesión Vial de Cartagena, que tiene a su cargo el peaje de Manga, denunció que auditores de la Contraloría exigieron $250 millones para acomodar un informe, pero éstos lo negaron tajantemente.
El presidente de la empresa Concesión Vial de Cartagena S.A, René Osorio Cruz, aseguró que Eduardo del Río Rodríguez, Wilmer Salcedo Misa y Miguel Torres Marrugo, auditores de la Contraloría Distrital, le exigieron 250 millones de pesos para trasladar la Tasa Interna de Retorno (TIR) al segundo año y favorecer a la concesión en la auditoría, puesto que esta última entidad presentó un informe en enero de 2017 donde asegura que el contrato entre el Distrito y la Concesión Vial culminó el 20 de enero del año en curso.
Del Río Rodríguez, negó todo y dijo que no tiene dinero ni para pagar un peaje, mucho menos para contratar un abogado para defenderse se estas denuncias, que calificó de mentirosas.
Frente a las declaraciones de Osorio Cruz, el concejal Edgar Mendoza Saleme afirmó que enviará, en nombre de la Corporación, una constancia al Contralor General de la República, Edgardo Malla Villazón, para que a través del control excepcional conozca las denuncias presentadas. “Es importante porque se evidenciaron manifestaciones de actuaciones irregulares en este recinto de la democracia, y es importante que el Contralor General conozca dicha situación y a la vez brinde al Alcalde de la ciudad de Cartagena a tomar el camino correcto blindando dicho proceso contractual y a la vez le sirve de derrotero para tomar un camino sano para la ciudad”.
Por otro lado, los cabildantes elaboraron un listado de recomendaciones al Departamento de Valorización, a Edurbe, y a la administración Distrital en general con el fin de que se realicen las revisiones necesarias para aclarar el tema y posteriormente tomar las decisiones adecuadas en caso de que sí exista detrimento patrimonial.
Américo Mendoza Quessep, habló en nombre de todos sus colegas: “Lo que se ha planteado es que se contrate una instancia neutra, sea una universidad o una banca de inversión especializada en los temas financieros para que esta instancia aplique todo el proceso investigativo en forma rigurosa y llegue a las conclusiones que nosotros necesitamos para que se tome una decisión en derecho y ajustada a unos criterios que no impliquen riesgo para el Distrito de demandas posteriores. Es decir, la recomendación en el día de hoy es pedirle al Distrito que no se precipite porque de lo contrario estaría dispuesto a demandas futuras. Una medida cautelar que podría aplicar el Distrito en este caso, es que aunque el recaudo continúe, no autorizar desembolsos a futuro al operador hasta tanto no haya claridad de la cifra, y de esa manera en el evento en que se demuestre que ya se llegó a la etapa final de operación, sea mucho más fácil recuperar lo que vienen pagando los ciudadanos en los peajes”.
Además, el Concejo creará una comisión accidental conformada por un representante de cada bancada para hacer un seguimiento del proceso y de los estudios que se realicen para aclarar la diferencia actual entre las cifras presentadas por las entidades citadas.
Así mismo, Javier Curi Osorio se refirió al modelo matemático planteado en el contrato en mención asegurando que la TIR posee unas limitaciones los que probablemente posibilitaría la existencia de distintas TIR.
“En mi condición de concejal solicito que se aclare la diferencia en las cifras de los informes. Además, me parece pertinente que no solo se presenten estas cifras, sino también se pueda dar a conocer la evaluación del impacto social que ha tenido el contrato; y si Edurbe y Valorización han realizado análisis de sensibilización, nos gustaría conocerlos”, comentó Curi Osorio.
Por su parte, el concejal César Pión González expresó que la Corporación no puede decir quién de las entidades tiene o no la razón en este momento por los conceptos homogéneos que se dieron a conocer, por lo que se solicita la intervención de un órgano superior como la Contraloría General de la República.
“Hoy nos presentan informes que no coinciden. Por ese motivo organizamos el debate, para que se socializaran tanto las conclusiones del informe de Contraloría, como los de Edurbe y Valorización. Hoy el auditor de la Contraloría nos mencionó que existe un plan de mejoramiento que elaboró esa entidad, pues solicitamos copia de ese documento para nosotros estudiarlo también”, dijo.
Intervenciones de los citados
La plenaria obedecía a dar cumplimiento a las proposiciones 109 y 110 que buscaban conocer no solo las conclusiones del informe de la Contraloría Distrital sobre el contrato suscrito entre el Distrito y la Concesión Vial de Cartagena, sino también escuchar las consideraciones jurídicas alrededor del tema por parte del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), y la Concesión Vial de Cartagena.
Eduardo del Río Rodríguez, auditor de la Contraloría Distrital explicó que la auditoría realizada al contrato en mención obedeció a dar respuesta a una denuncia recibida en esa entidad en el 2016, por lo que se realizó una investigación. Se presentó un informe preliminar entregando copia a Edurbe, Valorización y la Concesión, luego un informe final y un plan de mejoramiento. Del Río Rodríguez aseguró que las entidades tuvieron la oportunidad de controvertir el informe y no lo hicieron.
“La Contraloría lo que hizo fue evaluar y comparar la información de Valorización y la Concesión vial. Nosotros fuimos claros en explicar cómo hay que calcular, y se calcula con base en el deber ser como dice la matemática financiera. Y si el contrato está plagado de errores y si el modelo que se ejecutó está plagado de errores, nosotros lo estamos haciendo ver. No podemos decirles la solución, qué debe o no debe hacer porque nosotros no co administramos, no recomendamos”, comentó.
Por otro lado, Carlos Carmona Sanjuan, director del Departamento Administrativo de Valorización recordó los términos del contrato VAL 0868804, y aseguró que Edurbe, Valorización y la Concesión se reúnen mensualmente para revisar los aspectos financieros pertinentes. Además, dijo que: “En la acta última firmada en el mes de mayo aún no se ha cumplido la Tasa Interna de Retorno del 17.22%, y de acuerdo al informe suministrado por el supervisor del contrato que en este caso es Edurbe, muestra que el contrato efectivamente finaliza a finales del año 2020 entre el mes de octubre y el mes de noviembre”.
Como representante de Edurbe, intervino su asesor financiero, José Luis Trujillo, quien de manera didáctica explicó cómo se calcula la TIR, y mostró la revisión contable que viene desarrollando Edurbe. De igual forma, comentó que las cifras presentadas por la Contraloría y por Valorización y Edurbe no coinciden probablemente porque la Contraloría aplicó la fórmula de la TIR desde otra fecha.
“Pidieron $250 millones”
Finalmente, René Osorio Cruz, presidente de la Concesión Vial de Cartagena S.A. basó su intervención en dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas por distintas entidades al contrato entre su empresa y el Distrito, afirmando que nunca se han encontrado inconsistencias. Mencionó que la Contraloría Distrital en el año 2011 realizó una auditoría y no se mostraron errores en la TIR.
A su vez, aseguró: “Coincidimos con el informe presentado por Valorización y Edurbe. La Contraloría Distrital de Cartagena con los mismos auditores que estuvieron presentes hoy haciendo la presentación de la Contraloría, el señor Eduardo del Río y el señor Wilmer Salcedo, esos mismos auditores practicaron una auditoría integral, no como esta auditoría que fue especial, corriendo de dos meses, y determinaron que la TIR se alcanzaba en el 2019”.
Y con relación a la denuncia de que los auditores le pidieron 250 millones de pesos para hacer un cambio en la TIR comentó: “Yo lo dije claro y ahí están los audios aquí en el Concejo del debate, y me voy a ratificar y así lo hemos planteado a nuestros abogados penalistas de la ciudad de Bogotá para plantear la denuncia.”
“Este ha sido el contrato más revisado en la ciudad, al que se le han hecho análisis por parte de la Fiscalía e incluso firmas privadas, pero nunca han encontrado nada que esté por fuera de la ley, pues el Concesionario siempre ha actuado respetando el marco legal”, dijo Osorio al referirse al informe de auditoría de la Contraloría, que ha puesto a la Concesión Vial en la mira de veedores, saboteadores e incluso de desadaptados sociales que se han atrevido a amenazar a directivos de esa empresa si no se desmontan los peajes.
“No hay detrimento patrimonial”
A pesar de que el Distrito presentó y sustentó con observaciones relacionadas con el informe de auditoría, el equipo auditor de la Contraloría se mantuvo en su posición, por lo que René Osorio advirtió que: “El control fiscal, no está concluido, sino que este es un inicio que podría generar un eventual juicio fiscal que de adelantarse, debe surtirse bajo las reglas del debido proceso y derecho a la defensa, y donde al final, se concluirá que no hay detrimento patrimonial”.
“Es claro que la Contraloría es un órgano de control fiscal, por tanto, el informe no es un acto administrativo obligatorio para el Distrito, ni puede servir de instrumento de orden o coadministración por parte de la Contraloría dirigida al Distrito. La única posición oficial, es la del otro extremo contractual, en cabeza de Distrito de Cartagena, que a través de Valorización, y EDURBE, certificó que el contrato está vigente, que la TIR es calculable, y que ésta no ha alcanzado el porcentaje garantizado del 17,22%; inclusive que ésta se proyecta obtener en el segundo semestre del año 2020 posiblemente”.
Señaló además que el equipo de auditoría de la Contraloría Distrital crea su propia versión de contrato y del modelo financiero. “Inventa periodos contractuales asimilándolos a año calendario, crea reglas de remuneración como la recuperación de la inversión, olvidando que todo está sujeto a la TIR, y desconoce que el origen de nuestros recursos, mientras sean legales, en nada inciden en el compromiso de construir la obra”.
Finalmente, añadió que los valores de excedente, no son detrimento, y se encuentran en el flujo financiero. “Es decir, sí están invertidos en el proyecto y son tenidos en cuenta para el cálculo de la TIR. Por lo tanto, no son recursos ocultos, hasta el punto en que el mismo equipo auditor lo encontró”.
Antecedentes jurídicos, penales y disciplinarios
El concesionario, además de su respuesta, aporta un cúmulo de antecedentes que en su entender desnaturalizan, desvirtúan, y deslegitiman el ejercicio de la auditoría, así:
Informe de auditoría desarrollado en el año 2011 por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en los que participaron los mismos funcionarios: Wilmer Salcedo Misas y Eduardo Del Rio Rodríguez, (hoy líderes de la mesa de trabajo en la auditoría desarrollada en su gestión – año 2016). Este informe de auditoría plantea un lineamiento analítico respecto a la estructura financiera y modelo económico del Contrato de Concesión No. 0868804 de 1998, y es que la TIR del 17,22% es perfectamente calculable, que el ejercicio de dicho cálculo se efectúa desde el primer año y no del cuarto año.
Para el año 2014, la Contraloría General de la República, mediante un Control Excepcional, revisó los mismos conceptos alusivos a la legalidad y comportamiento financiero de la concesión, concluyendo que además de que la TIR es calculable, coincidiendo con la Distrital, que no hay hallazgo fiscal, ni tampoco alcance disciplinario ni penal. En este control, intervino el hoy asesor de la Alcaldía de Manolo Duque, el abogado Orlando Periñán.
El Contrato también fue objeto de control judicial, y en fallo de primera instancia (Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena), y de segunda instancia (Tribunal Administrativo de Bolívar), donde en efecto hubo un cierre judicial, operando la figura de la cosa juzgada tanto material como formal, concluyéndose que la TIR del 17,22% es calculable (El Distrito presenta informe financiero contratado a la firma Inverlink a la que perteneció en su momento el dirigente gremial Dr. Bruce Mac Master, y el Juez ordena dictamen pericial), porque así fue pactada legalmente por las partes, que se calcula a partir del primer año, y que esa TIR es el eje y fiel de la balanza según lo prevé la ley cuando consagra el principio de la ecuación contractual.
Decisión de la Fiscalía General de la Nación donde se investigó, por denuncia ciudadana, si con relación al contrato de concesión y sus modificaciones hubo alguna celebración indebida o sin el lleno de requisitos, llegándose a la misma conclusión que obtuvo los controles dichos arriba.
“Irregularidades saltan a la vista”
Ante esta polémica situación, René Osorio, se fue lanza en ristre contra los funcionarios de la auditoría, y formuló serios y graves interrogantes, como los siguientes:
“Por ejemplo, ¿por qué si desde diciembre de 2016 tenían su hallazgo, esperaron siete meses para sacarlo a la luz?; ¿Por qué apenas hasta ahora el equipo de auditoría compulsa el informe al área de juicios fiscales?; ¿Por qué remitieron a la Concesión Vial, un acta firmada por uno de ellos, en la que proponen llegar a un oscuro e ilegal arreglo de bajar la TIR para que el concesionario permanezca mayor tiempo operando?” Nótese que en esta propuesta los mismos funcionarios pueden calcular la incalculable TIR.
“Y mucho más relevante aún, por qué, si esos mismos funcionarios en el año 2011 elaboraron una auditoría evaluando los mismos aspectos, determinaron que la TIR sí era calculable, y que, en el momento de este análisis (2016), ¿ahora dictaminan lo contrario?”