“Sin salvavidas que garanticen la seguridad de los bañistas, es mejor que cierren las playas de Cartagena para así evitar más muertes por inmersión”, así lo advirtió el concejal conservador, Rafael Meza Pérez, al advertir que el convenio con este cuerpo de seguridad culminó y hasta el día de mañana estarán prestando sus servicios desde Manzanillo del Mar hasta Bocagrande y Playa Blanca.
Meza advirtió a la mesa directiva de la corporación darle celeridad a este debate donde se citará al Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito, al Secretario del Interior, al Director de Distriseguridad, al Comandante de Bomberos y al Representante de los Salvavidas para que informen a esta Corporación cuál es la situación actual del convenio de la vinculación de los salvavidas, qué entidad asume dicho convenio y hasta qué fecha está el mismo, indicar cuántos salvavidas hay actualmente, cuántas garitas actualmente hay y a qué distancia están ubicadas una de la otra, cuántos salvavidas permanecen en ella y desde y hasta dónde es la cobertura de la prestación del servicio de los salvavidas.
Según Meza, en caso de haber finalizado el convenio con los salvavidas qué entidad va asumir de ahora en adelante el mismo. “Yo debo recalcar que esta solicitud se ha hecho desde tiempo atrás y ha sido el concejal Erich Piña, quien ha solicitado la información.
“Se debe hacer un debate para que la comunidad conozca del peligro que representa ir a una playa sin la presencia de salvavidas. Es una responsabilidad de las autoridades del Distrito. Por eso, me atrevo a solicitar respetuosamente que si no hay presencia de los salvavidas, es mejor que se cierren temporalmente las playas para evitar se presenten hechos que lamentar. Debemos tener en cuenta que la próxima es la semana de receso escolar y aumenta el flujo de turistas a la ciudad”, subrayó Meza Pérez.
“Solución al hacinamiento en las cárceles”: Pión
El concejal del Partido de la U, Cesar Pión González, presentó una proposición para conocer las acciones que implementarán las autoridades sobre la sobrepoblación en la cárcel de Ternera y la de San Diego.
“Hoy la realidad carcelaria se ha convertido en un inmenso problema social en el país y más en la Costa Caribe donde por razones de la diversidad de delitos por ser puerto: capos, mulas, guerrilleros, miembros de las Bacrim, entre otros; llegan diariamente a la cárcel de Ternera, y eso nos obliga a repensar las obligaciones enmarcados en la protección de los derechos humanos y bienestar de la población civil”, dijo Pión.
Señaló que la cárcel de Ternera tiene capacidad para 1424 reclusos, pero hoy posee 2.220 reclusos, sin incluir 1.180 detenciones domiciliarias.
“Para repensar si solo tenemos 960 condenados, y esperan más de 1000 sindicados, lo que muestra una debilidad de la matriz judicial. A esto se suman los problemas de salud pública en la cárcel ternera así: 7 tuberculosos, 43 internos con alteraciones mentales, 17 con VIH, 22 Diabéticos, 2 con cáncer y 2 con problemas cardiovasculares, sin incluir lo que no se ha diagnosticado y los pronósticos que estas afecciones conllevan. Nuestras cárceles de Ternera y San Diego potencializan y gradúan en el más alto rango delincuencial a muchos de sus reos, pues violenta la biología, la psicología, la familia y expone a la población civil a las retaliaciones de cobros sociales y acciones delictivas desde el centro de reclusión”, dijo Pión.
Pión González propone citar al gobernador Dumek Turbay Paz, congresistas del departamento de Bolívar, al Director de la Fiscalía Regional de Cartagena, Procurador Provincial de Cartagena, Defensor del Pueblo, Personero Distrital, jueces penales del circuito, secretario de interior del departamento, Directora del Dadis, Oficina Gestión de Riesgos, Secretario del Interior distrital y secretario General para presentar posibles soluciones al problema carcelario de nuestra ciudad respondiendo si las prisiones fueron concebidas para separar al convicto de la criminalidad, proteger a la sociedad de los elementos peligrosos, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley, reeducar al detenido para su reinserción en la sociedad, impedir que los acusados (reos) puedan huir comprometiendo su próximo proceso, se habla, en este caso, de prisión preventiva.
Así mismo, el concejal David Caballero, pidió adicionar se realice una intervención a la cárcel de San Diego, con capacidad para albergar a 70 reclusas. “En 2009, la Corte constitucional ordenó el traslado de la misma, pero eso nunca se ha dado. En 2007 donaron al Distrito el predio La Gloria para construir la nueva cárcel allá. Quiero saber cuál es el monto de dinero que ha entregado el Gobierno Nacional para el traslado de esa cárcel, la inversión que se ha hecho en las reparaciones y cuáles son los avances del traslado”, dijo.