Por: MIGUEL RAAD HERNÁNDEZ
El domingo 20 de septiembre millones de personas marcharon en las principales ciudades del mundo para reclamar de sus gobernantes acciones eficaces, que mitiguen y contrarresten, los efectos del Cambio Climático. Reclaman esfuerzos reales y urgentes para preservar el planeta y sus recursos naturales. Al día siguiente, lunes, comenzaron las deliberaciones de la Sexagésima Novena Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y allí también los Delegados de los 192 países que la conforman, señalaban como uno los temas principales de su agenda el Cambio Climático. La comunidad científica, por su parte, desde hace muchos años viene clamando por medidas en el mismo sentido.
Es justificadísimo el interés creciente de los ciudadanos, los científicos y la dirigencia responsable del mundo por encontrar políticas y acciones globales eficaces, para impedir que sacrifiquemos al planeta y a las generaciones futuras en el altar del desarrollismo, el consumismo, la depredación y el abuso de los recursos naturales.
Entre tanto en Colombia el Presidente Santos y el Gobierno advierten sobre los riesgos de un próximo e inminente advenimiento del fenómeno del Niño, a raíz del cambio climático, con la consecuente sequía y escasez de agua. Todo esto agravado por el deterioro de las otrora numerosas fuentes hídricas que teníamos en el territorio. Por ello, en todo el país se promueve una necesaria y obligante campaña de ahorro de agua. Las autoridades ya han establecido sanciones para quienes la desperdician o se exceden en los consumos. Y eso está bien y viene dando resultados. Ya se reconoce que los ciudadanos hemos bajado los consumos. Pero lo que resulta inaceptable e inaudito es que algunas entidades públicas del sector de aguas sean irresponsables o no estén comprometidas con el ahorro y el ejemplo.
Es el caso de la Empresa de Aguas de Cartagena, ACUACAR, que recientemente ha tenido dos incidentes muy censurables de desperdicio visible y público de agua potable. Uno de ellos se dió en los barrios de Manga y sus alrededores, donde abrieron todos los hidrates instalados para «drenar» las tuberías del acueducto invadidas de lodo y otras impurezas, por algún accidente de la misma empresa o sus contratistas. Fueron miles ( o acaso millones) de litros de agua tratada echados a las alcantarillas y a las calles. Luego se rompió una tubería en la zona sur occidental de la ciudad, y un ciudadano denunciaba que aquel dañó llevaba más de Veinte horas botando agua potable sin que la empresa ACUACAR se hiciera presente a repararlo o parara el bombeo. Adicionalmente hay que contabilizar los desperdicios por las llamadas «fugas negras» en las tuberías, que son la causa por la cual no toda el agua tratada llega para el consumo de los suscriptores.
La conducta de ACUACAR no sólo va en contravía de las regulaciones y previsiones de ahorro de agua, sino que, además, todos los costos de su incuria por el agua desperdiciada nos los traslada a los suscriptores del servicio de acueducto. Esto es, nos lo cobra en forma de tarifas más costosas a nosotros los ciudadanos.
Ya es hora que las autoridades del sector, como la Comisión Nacional de Aguas y la Superintendencia de Servicios Públicos, intervengan y disciplinen a ACUACAR. El costo de sus desperdicios e irregularidades debe asumirlos la empresa y nunca los ciudadanos. Además, su conducta es atentatoria contra la preservación de los recursos naturales, y ello podría constituir un delito contra el ambiente y la sustentabilidad.
(Jueves 24 de septiembre de 2014)