La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra William García Tirado, quien de inmediato salió al paso.
“Era de esperarse que el creciente respaldo que nos viene brindando el pueblo Cartagenero, nos convirtiera en blanco de todo tipo de ataques. Pero el 27 de octubre con el favor de Dios y el respaldo del pueblo cartagenero tendremos una victoria contundente”, nos dice.
Respecto de lo que llega a la Procuraduría, García Tirado dice que esa entidad y el trabajo que hace el señor Procurador “merecen toda nuestra atención y todo nuestro respeto”.
Explica que lo regular es que las autoridades reciban y tramiten todas las querellas que presentan los ciudadanos.
En su óptica, hay gente con intereses particulares y una aceptación popular mínima, que acuden a la instrumentalización de la justicia como arma electoral.
“De los aspectos jurídicos se encargarán mis abogados, quienes me representarán y responderán uno a uno los señalamientos”.
Por último, dice que “a los ataques vamos a responder con más presencia en la calle, con más amor y mayor compromiso por Cartagena, acudiremos a la fuerza de nuestras ideas y al apoyo de los ciudadanos para defender este proyecto que es de todos”.
Denuncitis
Si fuera por strikes, la denuncitis ya se hubiera “ponchado”, pero estamos en la recta final de las campañas políticas y la susceptibilidad política anda en máximos niveles.
Uno de los blancos de mayores ataques ha sido la campaña de William García Tirado, quien ha repelido con éxito los más feroces, y está listo para los que vienen.
No solo los ataques llegan por denuncias, sino pululan en las redes sociales, con descalificaciones en todos los tonos.
De ellos, el primer “strike” fue la alharaca con sus títulos académicos, que no resistió las explicaciones pues todo andaba en orden; el segundo “strike” pretendió vincularlo al escándalo del edificio Aquarela, pero el cronograma de los hechos descartó esa invención; los papeles cuestionados eran de 2015 y García Tirado llegó a Corvivienda en 2016; el más reciente “strike” fue una denuncia cuyo radicado nunca correspondió al registro de la Procuraduría, y que señalaba anomalías en la compra de un lote para un programa de vivienda. Además de no existir la denuncia realmente, lo que consignaba era absurdo, pues las compras de inmuebles en el sector públicos están reguladas por la ley y deben tener un avalúo de la Lonja, mientras que entre particulares opera la libre fijación del precio.
