Las inconsistencias en la hoja de vida de Cynthia Pérez Amador para sustentar su contrato como Primera Dama del Distrito significaron otro traspiés, esta vez para la exdirectora de Talento Humano, Marta Catalina Carvajal Herrera, quien deberá afrontar un juicio disciplinario en la Procuraduría General de la Nación.
Ese contrato significó antes la suspensión de la secretaria general Diana Martínez por parte de la Contraloría Distrital, y también representa un proceso por denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta falsedad en un certificado que acredita experiencia laboral.
De igual forma se conoció un señalamiento de la opositora Jacqueline Perea, quien exhibió en sus redes sociales una tacha en un certificado de estudios superiores de la señora Pérez Amador respecto de unos estudios supuestamente adelantados en el IAFIC.
Pérez amador es defendida totalmente por el alcalde William Dau, quien resalta con frecuencia que es la persona de máxima confianza para él, a quien le comenta los más reservados detalles del devenir de l gobierno distrital.
Juicio disciplinario
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la exdirectora Administrativa de Talento Humano de Cartagena, Martha Catalina Carvajal Herrera (enero – junio de 2020), por presuntas irregularidades en la contratación de la llamada Primera Dama de la ciudad, Cynthia Pérez Amador.
La Procuraduría Provincial de Cartagena señaló que al parecer la exfuncionaria evaluó las certificaciones académicas y de experiencia laboral presentadas por Pérez Amador para acceder al cargo, y las consideró suficientes para que fuera contratada en un nivel de servicios especializados, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos.
Para el Ministerio Público, aparentemente esa evaluación permitió que se le fijaran unos honorarios superiores a los que en realidad le correspondían, al ser vinculada a la administración mediante un contrato de prestación de servicios con una duración de 11 meses por $77 millones, cuando por su nivel de formación técnica y experiencia laboral le correspondía un pago por ese mismo lapso de $24’200.000, según las normas internas de la alcaldía, lo que aparentemente pudo constituir un detrimento patrimonial para la ciudad.
Para el órgano de control, Carvajal Herrera habría vulnerado el principio de la moralidad en la función administrativa.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de Carvajal Herrera como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La exfuncionaria puede rendir versión libre si así lo solicita.