Por Antonio Correa Jiménez (Senador de la República).- (Especial para Revista Zetta).- 10 de octubre de 2022.- Hace más de un año se declaró la emergencia en la región de La Mojana que ha dejado miles de damnificados entre agricultores, ganaderos, campesinos y sociedad civil, pero seguimos en las mismas. La historia se repite todos los años, sin que nadie haga nada.
Para quienes no conocen la tristemente célebre región de La Mojana, es una cuenca hidrográfica ubicada entre la margen izquierda del brazo de Loba (río Magdalena), la margen izquierda del río Cauca y la margen derecha del río San Jorge, una ubicación privilegiada para el equilibrio ambiental del país, amortiguando los caudales en los ríos, caños y ciénagas, además de servir de refugio-hábitat, de regulación atmosférica y de depuración natural de humedales,.
El coctel de las inundaciones y el mar de corrupción que por años se ha apoderado de la región deja millonarias pérdidas económicas para los productores del sector; los caminos se destruyen y el territorio que es invadido intempestivamente queda modificado física y ambientalmente. Las comunidades biológicas no son capaces de responder a estos cambios, y tanto la flora como la fauna se ven afectadas en alto grado.
Es por esto que la población que habita la región tiene altos índices de pobreza, debido a la inequidad de la distribución de la tierra y bienes comunes, así como la disminución de las actividades agrícolas y la producción pesquera. Además, tienen muchas deficiencias o carencias de los servicios básicos, de agua, alcantarillado, educación, salud, comunicaciones y vías, entre otros. Y es ahí donde con cada ola invernal se asoman los saqueadores para incrementar las NBI de la región, sino también para birlar los recursos que envían del nivel central. Estos son algunos solo algunos de los más casos emblemáticos:
1- El consorcio San Marcos -Magangué cuyo valor de la obra a realizar era de $70.000 millones y se les desembolsó el 20 %. De estos recursos se dice que van río abajo, pasaron por Magangué y van llegando a Bocas de Ceniza.
2- Las casas millonarias de Achí (Bolívar), las cuales tuvieron un costo total de 60.000 millones para entregar 748 viviendas solo se han entregado 120, es decir que la unidad ha salido en 383.000 millones de pesos.
3- Las casas desocupadas e incompletas entregadas en Sucre-Sucre que hoy se encuentran inundadas. Fueron entregadas a las inundaciones.
4- La joyita del saqueo de 193.000 millones de pesos en convenios entre ellos: Nechi por $15.727 millones que, se entrega ahora en noviembre, seguramente inconcluso porque lleva retrasos importantes; el del municipio de Achí por $9.992.106.828. Este se debió entregar el 1 de octubre, pero debe estar, seguramente, muy atrasado, y sin doliente, que tristeza: De igual forma, en Magangué por valor de $ 9.499.286.967. Este para el corregimiento de Barbosa, Palmarito y Panceguita, con retrasos y pidiendo tiempo y adicionales presupuestales, que vergüenza. Así mismo, el otro en Magangué, al que se le deben colocar no ojos, sino lupa, pues es la obra en Santa Lucía, Tacaloa y Las Brisas por valor de $ 22.781.280.660, y lo que esperamos que no quede a media máquina o peor inconcluso es la obra en el barrio Girardot de Magangué, la cual está contratada por un valor de $38.059.256.860 con un avance de obra del 20.04% y con terminación del contrato el 20 de nov 2022.
Córdoba no es la excepción y para Ayapel se firmó un contrato por $3.782.000 millones que llevaba un avance de obra a julio 31 del 56% y ya debió en septiembre entregarse a satisfacción, pero yo no he visto inauguración.
En Sucre también hubo, uno en Majagual de $14.083.791.808 que se termina el próximo viernes. Espero que los majagualeros salgan y lo reciban, pero no creo porque en julio solo llevaba un 25 % de avance de obra. Todos los anteriores proyectos mencionados en los 4 departamentos fueron provenientes de la UNGRD en cabeza del anterior gobierno. En esta no incluimos la obra del tan conocido chorro de Cara de Gato, porque ya esta es ampliamente conocida en la región. Mi pregunta es porqué nadie denunciaba al generosisimo anterior director de la Unidad de la Gestión del Riesgo y sus jugaditas. Bien por la sociedad civil, a través de las asociaciones si denuncio todos estos actos de corrupción y saqueo. Ahora me pregunto ¿por qué mandó a las alcaldías $19.000 millones en horas de máquina para contratar a dedo? ¿Cuál era el verdadero fin?, porque seguramente por esta “contratitis” a “deditis” traerá apuros a mandatarios porque el flamante gerente nacional, como casi siempre pasa, le saldremos a deber.
Y los habitantes con el agua cuello verán como la ilusión de una solución definitiva y duradera se ahogara como tantas otras veces…