Por Miguel Raad Hernández.- (Tegucigalpa, julio 28 de 2015).- (Especial para Revista Zetta).- Hace algo más de 30 años ALVARO GOMEZ HURTADO proponía en el Congreso de Colombia la elección popular de Alcaldes. Fue una bandera del partido Conservador colombiano buscando más descentralización y más democracia. La iniciativa fue aprobada mediante el Acto Legislativo # 1 de 1986 y la primera elección tuvo lugar el segundo domingo de marzo de 1988. Inicialmente el período fue de dos años, luego en 1994 pasó a tres años y finalmente en el 2004 se amplió a cuatro años.
La figura del Alcalde tiene una tradición milenaria. El término viene del árabe hispánico ALQADI que significa JUEZ, el que resolvía las situaciones entre los pobladores y administraba los asuntos comunitarios. Hoy las funciones se han separado y el Alcalde se ocupa sólo de los asuntos administrativos, que incluyen los policivos con los que colabora a la rama judicial en aras de la seguridad colectiva.
A las puertas de una nueva elección de burgomaestres, como también se llama a los Alcaldes por adaptación al nombre que la figura tiene en Alemania y Países Bajos, es propicio preguntarnos si las expectativas de Gómez Hurtado se han cumplido.
Hay que decir que en materia de mayor participación de las gentes en los procesos electorales algo se ha logrado, aunque en algunas regiones haya sido a costa de las sanas costumbres y de la moral, dada la corrupción de las relaciones electores – candidatos por la intromisión del dinero como nuevo incentivo electoral. Sin embargo, la abstención sigue siendo alta. Ahora bien, la democracia va más allá de las elecciones y es todo un sistema de valores y de participación de los ciudadanos en el gobierno de su municipio. En esto último se nota mayor conciencia ciudadana y la participación sí es mayor que antes.
Donde definitivamente no avanzamos es en la descentralización. El Estado central es cada más absorbente y se ha fortificado con las políticas fiscal y de presupuesto, donde cada día se debilita más a las entidades territoriales y se concentran los tributos y el recaudo en el presupuesto nacional. Así, no hay autonomía en los entes territoriales para formular propuestas concretas de desarrollo, por la precariedad de los recursos para ejecutarlas. Se depende en mucho del poder político que rodee al Alcalde o al Gobernador ante el Gobierno Nacional, para que puedan llegar las apropiaciones y los giros. En esta materia Colombia va en contravía de lo que sucede en el mundo, donde cada vez más son las regiones las que se empoderan para una mayor productividad y competitividad en un mercado globalizado.
La Región Caribe colombiana es la más cohesionada por factores ambientales, culturales y sociales, a la vez que es la de mayores ventajas comparativas para una economía global. Además, como lo decía yo mismo la semana pasada, la coyuntura económica favorece sectores como el comercio, turismo, servicios y agropecuario – agroindustrial, que son actualmente los mayores generadores de empleo. De modo que a nuestros alcaldes y gobernadores queremos oírlos presentando las propuestas que fortalecerán nuestra economía focalizado en esos sectores y la internacionalización de nuestras ciudades y departamentos. Hasta ahora no conozco ninguna que se haya presentado. Los animo a hacerlo porque allí están los retos para más y mejor empleo, educación, salud, seguridad y movilidad. En una palabra, los retos para un verdadero desarrollo con descentralización sin depender del centralismo asfixiante.
