Siendo concejal, Carlos Barrios recibi\u00f3 una sanci\u00f3n de la Contralor\u00eda Distrital por inconsistencias de su paso por el Fondo Territorial de Pensiones. Eso configura una \u201cinhabilidad sobreviniente\u201d que se castiga con la p\u00e9rdida de la curul, pero le pag\u00f3 a la Contralor\u00eda y lo comunic\u00f3 al Concejo.<\/p>\n
Esa inhabilidad sobreviniente fue la piedra angular de las decisiones jur\u00eddicas y administrativas que le significaron su salida del Concejo y el consecuente ingreso de Wilson Toncel.<\/p>\n
Barrios result\u00f3 elegido en octubre de 2015 y Toncel se \u201cahog\u00f3\u201d, pero con esta situaci\u00f3n no solo Toncel regres\u00f3, sino incluso fue presidente de la entidad durante el 2018.<\/p>\n
La sala Tercera de la Corte Constitucional consider\u00f3 que Barrios G\u00f3mez debe regresar al Concejo porque la entidad desconoci\u00f3 los efectos de ese pago hecho de la sanci\u00f3n a la Contralor\u00eda, y porque, adem\u00e1s, le desconoci\u00f3 el debido proceso.<\/p>\n
En este p\u00e1rrafo del fallo se advierte esa apreciaci\u00f3n:<\/p>\n
\u201cEste Tribunal evidencia que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias ignor\u00f3 los efectos del pago de la sanci\u00f3n fiscal contemplados en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 38 de la Ley 734 de 2002, toda vez que aunque el demandante cancel\u00f3 la condena impuesta por la Contralor\u00eda de la ciudad y puso de presente tal situaci\u00f3n antes de que se adoptara la decisi\u00f3n de cesarlo de su cargo, se procedi\u00f3 a su desvinculaci\u00f3n\u00a0bajo una interpretaci\u00f3n formalista de la ley que desconoce que, de conformidad con la mencionada disposici\u00f3n sustancial, es razonable entender que la inhabilidad hab\u00eda terminado y no hab\u00eda lugar al retiro del servicio\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n Sobre el debido proceso, el alto tribunal considera que el Concejo no lo respet\u00f3 porque:<\/p>\n \u201cEsta Corporaci\u00f3n constata que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias vulner\u00f3 el derecho al debido proceso administrativo del accionante, por cuanto antes de proferir la decisi\u00f3n de cesarlo del cargo de concejal no inici\u00f3 un procedimiento administrativo con la finalidad de permitirle ejercer su defensa y contradicci\u00f3n, pues, contrario a lo exigido por la legislaci\u00f3n vigente, tal determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 de plano a pesar de su entidad y potencialidad de afectar las prerrogativas fundamentales\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n Este fallo revoca los fallos expedidos dentro del proceso de la referencia por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cartagena de Indias, el 27 de abril de 2018, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, el 10 de julio de la mencionada anualidad.<\/p>\n Tambi\u00e9n revoca las\u00a0las resoluciones 047 y 052 de 2017 expedidas por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias <\/span>hasta <\/span>que finalicen los procesos contenciosos administrativos adelantados por <\/span>Carlos Alberto Barrios G\u00f3mez <\/span>con ocasi\u00f3n de su retiro del servicio.<\/span><\/p>\n Transcribimos la parte final de la decisi\u00f3n:<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n 7.1. El ciudadano Carlos Alberto Barrios G\u00f3mez interpuso acci\u00f3n de tutela en contra del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, al considerar que la decisi\u00f3n de retirarlo de su cargo de concejal ante la configuraci\u00f3n de una inhabilidad sobreviniente derivada de la condena por responsabilidad fiscal impuesta por la Contralor\u00eda de la ciudad vulner\u00f3: (i) su derecho al debido proceso administrativo, pues para tomar tal determinaci\u00f3n no se adelant\u00f3 un procedimiento previo en el cual tuviera la oportunidad de defenderse; y (ii) su prerrogativa a ocupar cargos p\u00fablicos, ya que se desconocieron los efectos otorgados por la ley al pago de la sanci\u00f3n impuesta por dicho ente de control<\/a>[1].<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n 7.2. Al respecto, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias<\/a>[2], en su calidad de demandado, y Wilson Toncel Ochoa<\/a>[3], en su condici\u00f3n de tercero vinculado a la causa, se\u00f1alaron que el amparo pretendido era improcedente por falta de subsidiariedad. Tal posici\u00f3n fue acogida por los jueces de primera y segunda instancia<\/a>[4], pero no por esta Sala, la cual determin\u00f3 paginas atr\u00e1s que la acci\u00f3n de tutela era viable como mecanismo transitorio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 2591 de 1991<\/a>[5]. En este orden de ideas, pasa la Corte a analizar los elementos de juicio obrantes en el expediente y a determinar si se configura la vulneraci\u00f3n alegada en la demanda.<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n 7.3. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n constata que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias vulner\u00f3 el derecho al debido proceso administrativo del accionante, por cuanto antes de proferir la decisi\u00f3n de cesarlo del cargo de concejal no inici\u00f3 un procedimiento administrativo con la finalidad de permitirle ejercer su defensa y contradicci\u00f3n, pues, contrario a lo exigido por la legislaci\u00f3n vigente<\/a>[6], tal determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 de plano<\/a>[7]a pesar de su entidad y potencialidad de afectar las prerrogativas fundamentales<\/a>[8].<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n 7.4. Igualmente, este Tribunal evidencia que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias ignor\u00f3 los efectos del pago de la sanci\u00f3n fiscal contemplados en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 38 de la Ley 734 de 2002<\/a>[9], toda vez que aunque el demandante cancel\u00f3 la condena impuesta por la Contralor\u00eda de la ciudad y puso de presente tal situaci\u00f3n antes de que se adoptara la decisi\u00f3n de cesarlo de su cargo<\/a>[10], se procedi\u00f3 a su desvinculaci\u00f3n<\/a>[11]bajo una interpretaci\u00f3n formalista de la ley que desconoce que, de conformidad con la mencionada disposici\u00f3n sustancial, es razonable entender que la inhabilidad hab\u00eda terminado y no hab\u00eda lugar al retiro del servicio<\/a>[12].<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n 7.5. As\u00ed las cosas, advertida la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales del actor, la Sala revocar\u00e1 las decisiones de instancia que declararon improcedente el amparo solicitado y, en su lugar, proteger\u00e1 de manera transitoria los derechos al debido proceso administrativo y a desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos del accionante<\/a>[13]. En este sentido, la Corte:<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n (i) Suspender\u00e1 los efectos de las resoluciones 047 y 052 de 2017 expedidas por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias que dispusieron el retiro del accionante de su cargo de concejal hasta que finalicen los procesos contenciosos administrativos que se encuentran en curso para cuestionar tales decisiones; y<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n (ii) Le ordenar\u00e1al presidente del Concejo Distrital de Cartagena de Indias que proceda, en el t\u00e9rmino de 48 horas, a reintegrar a Carlos Alberto Barrios G\u00f3mez al cargo de concejal de la ciudad para el per\u00edodo constitucional comprendido entre los a\u00f1os 2016 y 2019.<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n 7.6. Por lo dem\u00e1s, la Corte considera pertinente aclarar que los honorarios dejados de devengar por el ciudadano Carlos Alberto Barrios G\u00f3mez mientras estuvo desvinculado del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, as\u00ed como las reparaciones o indemnizaciones que puedan resultar procedentes, deber\u00e1n ser pretendidas ante los jueces contenciosos administrativos en los procesos en curso, pues debido a la transitoriedad del amparo en esta ocasi\u00f3n, el mismo opera como mecanismo paliativo de las afectaciones a los derechos fundamentales, pero no como un instrumento resarcitorio de los perjuicios causados.<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n 7.7. Asimismo, esta Corporaci\u00f3n estima necesario precisar que el hecho de que Wilson Toncel Ochoa hubiera accedido al cargo de concejal en cumplimiento de un fallo de tutela<\/a>[14], no impide que sea retirado del cargo en acatamiento de esta decisi\u00f3n, comoquiera que el presupuesto que tuvieron los jueces de instancia en dicho proceso de amparo para ordenar que se le asignara una curul en el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, fue la desvinculaci\u00f3n de Carlos Alberto Barrios G\u00f3mez de la misma corporaci\u00f3n, la cual por medio de esta sentencia se deja temporalmente sin efectos.<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n III. DECISI\u00d3N <\/strong><\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n RESUELVE<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n PRIMERO.- REVOCAR <\/strong>los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cartagena de Indias, el 27 de abril de 2018, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, el 10 de julio de la mencionada anualidad, los cuales declararon improcedente el amparo de la referencia y, en su lugar, TUTELAR<\/strong>TRANSITORIAMENTE <\/strong>los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos de Carlos Alberto Barrios G\u00f3mez.<\/span><\/em><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n SEGUNDO<\/strong>.- SUPENDER LOS EFECTOS<\/strong>de las resoluciones 047 y 052 de 2017 expedidas por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias hasta que finalicen los procesos contenciosos administrativos adelantados por Carlos Alberto Barrios G\u00f3mez con ocasi\u00f3n de su retiro del servicio y, en consecuencia, ORDENAR <\/strong>al presidente de dicha corporaci\u00f3n pol\u00edtica que proceda, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, a reintegrar al mencionado ciudadano al cargo de concejal de la ciudad para el per\u00edodo constitucional comprendido entre los a\u00f1os 2016 y 2019.<\/span><\/em><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n TERCERO.- LIBRAR<\/strong>,por Secretar\u00eda General,\u00a0las comunicaciones a que se refiere el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991.<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional y c\u00famplase.<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n LUIS GUILLERMO GUERRERO P\u00c9REZ<\/span><\/em><\/p>\n Magistrado<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n ALEJANDRO LINARES CANTILLO<\/span><\/em><\/p>\n Magistrado<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n ANTONIO JOS\u00c9 LIZARAZO OCAMPO<\/span><\/em><\/p>\n Magistrado<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA M\u00c9NDEZ<\/span><\/em><\/p>\n Secretaria General<\/span><\/em><\/p>\n \u00a0<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[1]Supra I, 2.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[2]Supra I, 4.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[3]Supra I, 5.2.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[4]Supra I, 6.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[5]Supra II, 3.8. a 3.12.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[6]Supra II, 6.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[7]Supra I, 1.5.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[8]Supra II, 5.6. y 6.4.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[9]Supra II, 6.3.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[10]Supra I, 1.4.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[11]Supra I, 1.5. y 1.8.<\/span><\/em><\/p>\n <\/a>[12]Supra I, 11.<\/span><\/em><\/p>\n\n