{"id":44336,"date":"2022-02-03T17:40:24","date_gmt":"2022-02-03T22:40:24","guid":{"rendered":"https:\/\/revistazetta.com\/?p=44336"},"modified":"2022-02-03T17:47:20","modified_gmt":"2022-02-03T22:47:20","slug":"fin-del-camino-articulo-de-john-zamora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistazetta.com\/?p=44336","title":{"rendered":"Fin del camino –\u00a0Art\u00edculo de John Zamora"},"content":{"rendered":"

Por John Zamora (Director de Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 3 de febrero de 2022.-<\/b> C\u00e9sar Pi\u00f3n quiso ser gobernador de Bol\u00edvar y alcalde de Cartagena, en el camino fue concejal de Magangu\u00e9, diputado, director de Iderbol, del Dadis y, por tres periodos seguidos, el concejal m\u00e1s activo de Cartagena.\u00a0<\/span><\/p>\n

Am\u00e9rico Mendoza fue un destacado funcionario del \u00e1rea de presupuesto de la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar, un verdadero or\u00e1culo, por muchos a\u00f1os. Una afortunada coyuntura pol\u00edtica lo puso en la lista a Concejo del partido ASI, resultando elegido, donde estuvo dos periodos.<\/p>\n

Una \u201cculebra\u201d conjunta de 2012, cuando fungieron como Presidente y Vicepresidente del Concejo, respectivamente, les pas\u00f3 factura y el camino se les ha cerrado.\u00a0Firmaron 35 resoluciones donde reconocieron y ordenaron pagar a concejales y ex concejales de este Distrito la suma $7.200.000.000 por concepto del reajuste a los honorarios por su participaci\u00f3n en las sesiones del Concejo Distrital de Cartagena en el periodo corrido de 2001-2009.<\/p><\/blockquote>\n

El pecado fue haberlo hecho sin una \u201cdisponibilidad presupuestal\u201d. En torno a este concepto administrativo gir\u00f3 toda la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica, con catacl\u00edsmicos efectos jur\u00eddicos y pol\u00edticos para los encartados.<\/p>\n

En primera instancia, un juez consider\u00f3 que no hab\u00eda delito y los absolvi\u00f3, pese a la acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, que apel\u00f3 y convenci\u00f3 a la segunda instancia, el Tribunal Superior de Cartagena, que revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n y los conden\u00f3 a 48 meses de prisi\u00f3n, que pagar\u00e1n en sus casas, as\u00ed como una multa y la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un t\u00e9rmino ochenta (80) meses, como coautores responsables de la conducta punible de prevaricato por acci\u00f3n.<\/p>\n

Argumentos para la condena<\/b><\/p>\n

La tesis de la defensa, avalada por el juez de primera instancia, es que el objeto de las resoluciones proferidas por los acusados eran unas acreencias laborales y, por lo tanto, no estaban sujetas a la exigencia de una disponibilidad presupuestal previa tal.<\/p><\/blockquote>\n

Para la Fiscal\u00eda y el tribunal Superior, no. As\u00ed expresa la sentencia condenatoria:<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la premisa: es posible ordenar el pago inmediato de una obligaci\u00f3n determinada sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, no solo se opone abiertamente a lo dispuesto en el art. 71 del Decreto 111 de 1996, sino que adem\u00e1s no encuentra sustento en ninguna otra fuente legal o jurisprudencial que consagre una excepci\u00f3n tal al r\u00e9gimen de ordenaci\u00f3n del gasto conforme a la verificaci\u00f3n de la apropiaci\u00f3n presupuestal.<\/i><\/p>\n

\u201cDecisi\u00f3n contraria a la ley\u201d<\/b><\/p>\n

La Sala concluye que se est\u00e1 en presencia de una decisi\u00f3n manifiestamente contraria a la ley bajo las consideraciones de que i) la orden de pago de las resoluciones en cuesti\u00f3n con cargo a la vigencia del a\u00f1o 2012 no cont\u00f3 con el certificado de disponibilidad presupuestal previa que corroborara la existencia de recursos para correr con el gasto en esa vigencia, ii) a las luces de lo dispuesto en el art. 71 del Decreto 111 de 1996 y de la jurisprudencia nacional, en todo caso se requiere de dicho certificado presupuestal para afectar apropiaciones presupuestales, iii) la tem\u00e1tica no es ambigua ni compleja, y iv) no se ofrecieron explicaciones sobre la interpretaci\u00f3n que llev\u00f3 a la decisi\u00f3n contraria a la Ley.\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

La sentencia tambi\u00e9n tiene un reproche directo a los procesados:<\/p>\n

Los se\u00f1ores Am\u00e9rico El\u00edas Mendoza Quessep y Cesar Augusto Pi\u00f3n Gonz\u00e1lez defraudaron las expectativas sociales que recayeron sobre ellos como servidores p\u00fablicos de elecci\u00f3n popular, dado que les era exigible un comportamiento diferente, orientado a salvaguardar bajo toda consideraci\u00f3n el principio de legalidad del gasto p\u00fablico. Por lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena considera que cabe en este asunto un juicio de reproche a los procesados.<\/i><\/p><\/blockquote>\n

\n

Declaraciones del concejal @cesarpiong<\/a> sobre fallo condenatorio emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena por hechos de 2012.
\n\u00abSi tenemos que pagar por errores, pagaremos por los errores\u00bb, a\u00f1adi\u00f3. #RevistaZetta<\/a> pic.twitter.com\/931c3b1D8c<\/a><\/p>\n

\u2014 Revista Zetta (@RevistaZetta) February 2, 2022<\/a><\/p><\/blockquote>\n