{"id":56555,"date":"2025-03-18T09:30:51","date_gmt":"2025-03-18T14:30:51","guid":{"rendered":"https:\/\/revistazetta.com\/?p=56555"},"modified":"2025-03-18T09:31:41","modified_gmt":"2025-03-18T14:31:41","slug":"fotomultas-opinion-de-antonio-correa-jimenez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistazetta.com\/?p=56555","title":{"rendered":"Fotomultas &#8211; Opini\u00f3n de Antonio Correa Jim\u00e9nez"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Por Antonio Correa Jim\u00e9nez (Especial para Revista Zetta).-<\/span> Cartagena de Indias, 18 de marzo de 2025.-<\/strong> Las fotomultas en Colombia han sido presentadas como una medida para reducir la siniestralidad vial y mejorar el cumplimiento de las normas de tr\u00e1nsito. Sin embargo, su implementaci\u00f3n ha estado marcada por abusos, falta de transparencia y violaciones al debido proceso.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Uno de los principales problemas de estas es su car\u00e1cter mercantilista. En lugar de ser un sistema de regulaci\u00f3n para mejorar la seguridad vial, se ha convertido en una fuente de ingresos para empresas privadas que instalan y operan las c\u00e1maras. La remuneraci\u00f3n de estos operadores se basa en un porcentaje de las multas impuestas, lo que genera un incentivo perverso para incrementar el n\u00famero de infracciones registradas, sin considerar si las sanciones son justas o si realmente contribuyen a reducir la accidentalidad. Seg\u00fan la Ley 1843 de 2017, la remuneraci\u00f3n a la inversi\u00f3n privada no debe superar el 10% del recaudo total, mientras que el 90% restante debe destinarse a educaci\u00f3n y seguridad vial, que hoy se le viene haciendo conejo a trav\u00e9s de la figura de alianza publico privadas, y con la no publicaci\u00f3n tanto de lo recibido por esta actividad, como cuales son las actividades implementadas, lo que vemos es un mont\u00f3n de capacitaciones, con firmas ilegibles que legalizan un vulgar atraco.<\/p>\n<p>El sistema de fotomultas en Colombia ha estado marcado por la falta de garant\u00edas procesales. Muchas sanciones se imponen sin que se identifique al conductor infractor, cargando autom\u00e1ticamente la responsabilidad sobre el propietario del veh\u00edculo. La Sentencia C-038 de 2020, por ejemplo, estableci\u00f3 que es necesario implementar mecanismos que permitan individualizar al conductor responsable, respetando el principio de responsabilidad personal.\u00a0Adem\u00e1s, la notificaci\u00f3n de las infracciones ha sido deficiente, con plazos que no siempre se cumplen y sin garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos. El Ministerio de Transporte ha expedido oficios en lugar de actos administrativos para la imposici\u00f3n de multas, impidiendo que los afectados interpongan recursos de apelaci\u00f3n. Esto representa una clara vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso y al acceso a la justicia.<\/p>\n<p>Otro problema estructural del sistema de fotomultas es la ausencia de transparencia en su operaci\u00f3n. No existe una regulaci\u00f3n clara sobre la instalaci\u00f3n de c\u00e1maras ni un control efectivo sobre su funcionamiento. En muchas carreteras del pa\u00eds, los dispositivos de foto detecci\u00f3n no est\u00e1n debidamente se\u00f1alizados, lo que genera sorpresa y desconfianza en los conductores. Adem\u00e1s, no hay un mecanismo que permita a los ciudadanos conocer con claridad en qu\u00e9 se invierten los recursos recaudados a trav\u00e9s de las fotomultas. Un modelo justo y democr\u00e1tico deber\u00eda garantizar que estos fondos se utilicen para mejorar la infraestructura vial, fortalecer la seguridad en las carreteras y promover campa\u00f1as de educaci\u00f3n vial. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, una parte significativa de los ingresos se destina a pagar a los operadores privados, perpetuando un esquema de negocio en detrimento del bienestar colectivo.<\/p>\n<p>La necesidad de una reforma estructural es imperiosa. La tecnolog\u00eda biom\u00e9trica y la verificaci\u00f3n documental deben ser implementadas para evitar que se sancione indiscriminadamente a los propietarios de los veh\u00edculos. Asimismo, es fundamental establecer criterios t\u00e9cnicos claros para la instalaci\u00f3n de c\u00e1maras de fotomultas, priorizando zonas de alta siniestralidad y garantizando su correcta se\u00f1alizaci\u00f3n. No se puede permitir que estos dispositivos sean utilizados \u00fanicamente con fines recaudatorios.<\/p>\n<p>Para garantizar un sistema de fotomultas justo y eficiente, es necesario reglamentar varios aspectos claves: <b>Identificaci\u00f3n del conductor infractor<\/b>, <b>ubicaci\u00f3n y se\u00f1alizaci\u00f3n de c\u00e1maras<\/b>: <b>auditor\u00eda y control ciudadano<\/b>, t<b>ransparencia en el uso de recursos<\/b>, <b>calibraci\u00f3n y certificaci\u00f3n de dispositivos<\/b>, <b>regulaci\u00f3n del uso de inteligencia artificial<\/b>, <b>l\u00edmites en la distancia entre fotomultas<\/b>, <b>reducci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n privada<\/b>, <b>mejoras en el proceso de notificaci\u00f3n<\/b>.<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, en el 2017 dimos un paso importante pero solo represento el inicio a la verdadera soluci\u00f3n, que est\u00e1 en la imperiosa necesidad legislativa de regular un negocio que afecta el bolsillo de los colombianos, est\u00e9 sistema de fotomultas debe ser revisado y reformado para garantizar una aplicaci\u00f3n justa, transparente y orientada al bienestar ciudadano. La pol\u00edtica de seguridad vial no puede ser utilizada como un negocio privado, auspiciado por alcaldes, gobernadores, que presentan el proyecto a la ANSV y a sus concejos y Asambleas, pidiendo facultades para colocarles la \u201cgarrocha\u201d a sus coterr\u00e1neos a trav\u00e9s de un supuesto de salvar vidas en las carreteras.<\/p>\n<p>\u00d1apa: 10 foto c\u00e1maras listas para \u201cgarrochar\u201d en el Departamento de C\u00f3rdoba, vamos bien.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Antonio Correa Jim\u00e9nez (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 18 de marzo de 2025.- Las fotomultas en Colombia han sido presentadas como una medida para reducir la siniestralidad vial y mejorar el cumplimiento de las normas de tr\u00e1nsito. Sin embargo, su implementaci\u00f3n ha estado marcada por abusos, falta de transparencia y violaciones al debido proceso.\u00a0 Uno de los principales problemas de estas es su car\u00e1cter mercantilista. 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