Por Luis Eduardo Brochet Pineda (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Ind\u00edas, 14 de noviembre de 2025.-<\/b><\/p>\n
\u201cNo se ha contado la verdad hist\u00f3rica. La toma del Palacio no fue una acci\u00f3n genial, sino un acto terrorista. La verdad, como derecho, preserva del olvido la memoria colectiva y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia\u201d.<\/i><\/span><\/p>\n Jorge Ib\u00e1\u00f1ez Najar, <\/i><\/b><\/span>Presidente de la Corte Constitucional (4\/11\/2025)<\/i><\/b><\/span><\/p>\n La naciente historia republicana de nuestro pa\u00eds que el pr\u00f3cer Antonio Nari\u00f1o bautiz\u00f3 como \u201cPatria Boba\u201d, por las discrepancias y desencuentros entre federalistas y centralistas, luego de la d\u00e9bil e inane declaraci\u00f3n de independencia del 20 de julio de 1810, que termin\u00f3 con el sacrificio de Cartagena de Indias de manos del pacificador Pablo Morillo, parece una ronda de c\u00e1ndidos ni\u00f1os inocentes frente al descalabro institucional, luego de la toma cruenta del terrorismo narcotraficante del M-19 al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.<\/p>\n Esa fecha ignominiosa, hasta hoy, es el renovado y actual per\u00edodo de Patria Boba<\/b>.<\/p>\n Para el a\u00f1o 1985 los procesos de extradici\u00f3n de narcotraficantes y mafiosos colombianos, era prioridad en la agenda del gobierno, el Congreso y de la rama judicial. El grupo terrorista y criminal del M-19, era un alfil importante en aquel engranaje de la delincuencia transnacional. Era pues, bastante claro, que el objetivo del asalto al recinto de la justicia, era desaparecer \u2013 en ese entonces las herramientas digitales no eran de uso y consumo judicial \u2013 los expedientes, las pruebas y dem\u00e1s diligencias, que implicaban a los narcos colombianos y forzaban el cumplimiento del tratado internacional con los Estados Unidos, que desde abril 30 de 1984, con el homicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla, hab\u00eda dejado expl\u00edcita la declaraci\u00f3n de guerra a muerte de los bandoleros de la droga colombiana contra el Estado, la sociedad y sus instituciones democr\u00e1ticas.\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n El d\u00eda del asalto, con la ponencia del doctor Manuel Gaona Cruz, se esperaba una mayoritaria aprobaci\u00f3n de la ley de extradici\u00f3n en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n Aquella ma\u00f1ana de mi\u00e9rcoles, siendo las 11:30 am., los asesinos Luis Otero y Andr\u00e9s Almarales, luego de dispararle en la cara a dos de los vigilantes del Palacio de Justicia, ingresaron a las instalaciones al frente de otros 35 terroristas sumamente armados y aprovisionados, para tomar como rehenes a los magistrados, funcionarios judiciales y usuarios, exigi\u00e9ndoles al presidente Belisario Betancur Cuartas su presencia en el Palacio, para \u201crendir cuentas al pueblo por su traici\u00f3n\u201d, so pena de ejecutar \u2013 como lo cumplir\u00edan finalmente \u2013 a todos los rehenes.\u00a0<\/span><\/p>\n Luego vendr\u00eda la barbarie, con m\u00e1s de 100 muertos, despu\u00e9s de 28 horas de pesadilla; d\u00f3nde tambi\u00e9n, hay que reconocerlo, el ej\u00e9rcito de Colombia cometi\u00f3 muchos errores y excesos, producto de la confusi\u00f3n, la inexperiencia y el caos.<\/p>\n Los terroristas y asesinos del M-19 cumplir\u00edan el ultim\u00e1tum de ejecutar a los 11 magistrados; con tiros en la sien, en la nuca y por la espalda fueron ultimados; sus cad\u00e1veres calcinados en el infierno del incendio incontrolable, desvirtuando la \u201cnarrativa de la verdad<\/b>\u201d que responsabilizaba a las Fuerzas Militares de tama\u00f1o magnicidio, con la recurrente teor\u00eda del fuego cruzado. Luego vendr\u00edan los aires de una nueva constituci\u00f3n pol\u00edtica en 1991, con participaci\u00f3n de los terroristas y facinerosos en su construcci\u00f3n filos\u00f3fica; vendr\u00edan tambi\u00e9n los \u201cperdones y olvidos; las reparaciones y los Nunca<\/b> M\u00e1s<\/b>\u201d en las vergonzantes amnist\u00edas de criminales de lesa humanidad; todos ellos premiados con privilegios burocr\u00e1ticos y de seguridad social; curules, cargos p\u00fablicos y de elecci\u00f3n popular en esta nueva democracia bananera, incluyendo la presidencia de la rep\u00fablica, <\/b>en contraste con las condenas oprobiosas de miembros de las fuerzas armadas constitucionales; humillados y condenados por tribunales de\u00a0 <\/span>discutible probidad, confeccionados a la medida de una justicia inmoral y un estado de derecho arrodillado y cobarde.\u00a0<\/span><\/p>\n Luego de todas estas injusticias y debilidad institucional, cabe preguntarse: \u00bfQu\u00e9 ha pasado judicialmente con los procesos adelantados por esta causa; cu\u00e1nto han costado y que resultados de verdad verdadera han arrojado?<\/p>\n Lo primero que hay que establecer es que los delitos de lesa humanidad, a la luz del derecho internacional e interno, no son amnistiables y son imprescriptibles; esto es, que la amnist\u00eda solo aplicar\u00e1 para delitos pol\u00edticos, que no son, precisamente, los delitos cometidos por los terroristas del M-19 al interior del Palacio de Justicia, lo que est\u00e1 debida y abundantemente probado. Adem\u00e1s, hay que resaltar que la ley 77 de 1989 que permiti\u00f3 al gobierno Barco proceder con la amnist\u00eda del grupo terrorista, fue derogada por la ley 2085 de 2021, por iniciativa del Congreso de la Rep\u00fablica por contravenir el orden constitucional.<\/p>\n En este sentido, formalmente esa derogatoria confirma la imposibilidad jur\u00eddica de prescribir conductas penales de lesa humanidad, pudi\u00e9ndose reabrir los procesos contra los amnistiados del M-19<\/b>. Hay que tener en cuenta que la JEP, a pesar de sus sesgos hacia la izquierda guerrillera, est\u00e1 emitiendo fallos condenatorios por esas conductas penales, ya que la desmovilizaci\u00f3n de las FARC en la administraci\u00f3n Santos, no pudo extender el beneficio del perd\u00f3n legal a delitos de lesa humanidad, como el ordenamiento internacional penal lo contempla.<\/p>\n Luego de 40 a\u00f1os de aquel holocausto, se identifican 40 procesos judiciales de reparaci\u00f3n directa contra entidades oficiales, mayoritariamente por el delito de desaparici\u00f3n forzada por un monto total superior a los 161 mil millones de pesos; aunque el resultado, despu\u00e9s de fallados el 70% de esos procesos, es que la suma pagada a los reclamantes es algo mayor a los 590 millones; es decir, mucho menos del 1% de lo pretendido, un guarismo irrisorio cu\u00e1ndo ya se agotan los t\u00e9rminos y las instancias.\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n En fin, mientras nuestras instituciones democr\u00e1ticas, los poderes p\u00fablicos y la sociedad en general no internalicen como dogma de fe, que la ley y los valores libertarios del Estado de derecho no se negocian ni se relativizan para favorecer delincuentes, nunca tendremos un Estado de bienestar; de verdadera justicia y paz perdurable, de respeto por la legalidad y por la convivencia civilizada.<\/p>\n \u00a1Terminemos con el per\u00edodo interminable de la Patria Boba!<\/p>\n *Economista \u2013 Abogado.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Luis Eduardo Brochet Pineda (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Ind\u00edas, 14 de noviembre de 2025.- \u201cNo se ha contado la verdad hist\u00f3rica. 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