Una opresión en la boca del estómago y la vaga sensación de una fuerza arrancándome las entrañas para sacármelas por la boca. Luego, un vacío, una idea de lo absurdo, lo falaz y lo deleznable de la realidad. Esa fue la impresión que me quedó el resto de la tarde, luego de escuchar a Aida Merlano entrevistada por Vicky Dávila.
Entre la catarata de revelaciones y a efectos de no quedarme en el momento existencial que he narrado, desciendo en la denuncia referida a Cartagena. Merlano afirmó que el señor Julio Gerlein, su cómplice, invirtió $ 3 mil millones en una campaña atípica en Cartagena a fin de que se le conservara una concesión que dicho personaje tiene en la ciudad.
Un análisis crítico de esta versión nos lleva a hilvanar esa declaración con lo que ocurre con los peajes del corredor de carga.
Un Informe Definitivo de Auditoría en modalidad especial en la vigencia 2015 sobre el contrato de Concesión No. VAL-0868804 – Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena, emitido por la Contraloría Distrital de Cartagena el 26 de diciembre de 2016, señaló que: “de acuerdo a las cifras presentadas por el concedente y el concesionario, el flujo de caja neto positivo de $5.859.646.047 a precios constantes correspondientes al primer periodo… representan un excedente que no fueron invertidos en el proyecto…”, y que “a la fecha de finalización del periodo de 20 de enero de 2016 a 20 de enero de 2017, el flujo de caja neto de este periodo alcanzaría el valor de $13.000.000.000.oo, valor con el cual se cumple la totalidad de recuperación de la inversión del concesionario…”.
Esta circunstancia y las protestas recurrentes de la ciudadanía contra los referidos peajes, llevó a varios ciudadanos, entre quienes recuerdo a Carlos Ardila, Neil Fortich y Fidian García, entre otros, a elaborar una solicitud de control excepcional a la Contraloría General de la Nación a efectos de que fuera esta alta entidad la que resolviera acerca de la verosimilitud del contenido del informe de la Contraloría Distrital que había sido cuestionado por el gerente de la concesión vial bajo el argumento que este era producto de una estrategia de soborno.
Meses después se supo de un pronunciamiento de la Fiscalía que iba más allá de lo dictaminado por la Contraloría Distrital en 2016. En efecto, en una nota del periódico El Universal de fecha 8 de mayo de 2018 se lee: “Luego de más de un año de investigaciones la Fiscalía General de la Nación reveló hoy que la Concesión Vial de Cartagena S.A. alcanzó en abril de 2016 la Tasa Interna de Retorno (TIR), referente a la millonaria inversión que hizo para construir el corredor de carga”. De esto no se supo más. Tampoco del control excepcional solicitado por los ciudadanos mencionados arriba a través de un ejercicio de veeduría que personalmente asesoré.
Pues bien, este silencio sospechoso viene a ser quebrado por las nuevas revelaciones que al respecto ha hecho la señora Merlano desde su reclusión en Caracas; pero se nos quiere hacer creer por parte de algunos sectores gravemente implicados, que se trata de una sarta de mentiras auspiciadas por el “castrochavismo”. Abusan de nuestro sentido común.
Mientras eso sucede no hay autoridad que reivindique los intereses ciudadanos expoliados por quienes nos siguen metiendo la mano a los bolsillos en Cartagena para pagarle privilegios a un cuestionado concesionario que usufructúa los peajes en Cartagena.
Basta ya de tanta burla. El recién nombrado Fiscal debería tomar cartas en el asunto y evitar que meros ciudadanos anden dando palos de ciego para acabar con esa inicua expoliación. Exigimos que nos digan la verdad acerca del vencimiento de la concesión vial Corredor de Carga y que asuman su labor de defender la honra y los bienes de los ciudadanos. Son demasiadas evidencias que hacen intolerable el silencio de los funcionarios competentes para el caso.
