Por Carlos Feliz Monsalve (Especial para Revista Zetta 20 años).- Hace más o menos un año, y en un espacio similar, pretendí encontrar una respuesta que nos permita dilucidar, así sea, de manera efímera, la razón que motiva a quienes arremeten contra nuestros líderes sociales.
No obstante, de ese ejercicio solo pude conseguir respuestas banales que no sirven de pretexto para el derramamiento de sangre que a día de hoy sigue enlutando a las comunidades. Los medios noticiosos no dejan de informar los múltiples atropellos que reciben a diarios los líderes sociales, por los que, bajo el anonimato, pretende seguir imbuyendo terror y zozobra a nuestros luchadores de a pie.
Quizás el título de este corto pero bienintencionado artículo puede sonar crudo, pero es una muestra real del acontecer de Colombia, país que a diario debe enfrentar el infortunio de una guerra que aún nos impide gozar de la Paz. Para algunos los acuerdos suscritos con la extinta guerrilla de las FARC -EP, son la piedra angular de lo que se vive hoy, sin embargo, frente a esta postura muestro escepticismo, porque lo único que encontramos como resultado del enfrentamiento beligerante de antaño, fue la insatisfacción y preocupación de quienes fueron colaterales de un conflicto incesante.
Los postulados esenciales o pilares en los que se estriba nuestro Estado social de derecho, friccionan claramente con la situación presente, pues dentro del catálogo de derechos fundamentales que la Constitución Política contiene, existe un derecho (vida) de característica absoluta, es decir, inviolable, pues ni siquiera la acción misma de aquel puede desdeñar su integridad (prohibición de la pena capital).
Estos triunfos consignados en nuestra Carta Magna no pueden deslegitimarse por el accionar de pocos que siguen tratando de conseguir sus cometidos por medio del terror. La acción del Estado, en sus diferentes órdenes (nacional, municipal y departamental), debe ser coordinada, armónica, incisiva y directa, velando siempre por la integridad de todas las personas residentes en Colombia, y en especial, por aquellos que, mediante su voz, pretenden conseguir la igualdad social tan anhelada.
Los líderes sociales son interlocutores de la comunidad. Estas personas de carne y hueso también sienten la indiferencia y rudeza de los retos que el devenir pone al frente de todos, pero más allá de eso, también luchan por causas colectivas, lo que imprime un gran sentido humano a su labor. No se satisfacen con la consecución de aspiraciones personales, sino que quieren, por medio de los mecanismos de participación dispuestos en el ordenamiento jurídico, controlar y hacer parte del ejercicio de la acción administrativa estatal, en procura del interés general.
Por todo esto, considero sin querer ser utópico ni idealista que, en plena aplicación del principio de solidaridad, la ciudadanía entera debe volcarse para contribuir a poner fin a este flagelo que corroe la participación y pluralismo. La justicia depende directa e indirectamente de quienes conozcan la verdad en los actos que comprometen nuestros bienes jurídicos.
Situaciones de injusticia social o que afectan la vida en comunidad, solo pueden ser enervadas por la relación reciproca que debe existir entre el Estado y sus asociados, e incluso entre los propios miembros de la comunidad. Al poner en práctica este principio y valor, también podemos despejar las falsas alarmas de amenazas propiciadas por quienes se aprovechan del momento coyuntural, asumiendo un modus vivendi a costas del Estado. Para estas personas se necesita un castigo ejemplarizante.
Recordemos que la situación de riesgo, no es el resultado de seudo amenazas o suposiciones abstractas, sino que obedece a un completo examen adelantado por la Unidad Nacional de Protección – UNP, quien mediante una metodología identifica ciertos factores que bajo las reglas dictadas sobre la materia, permite determinar la situación extraordinaria que no debe ser soportada por parte de la víctima, y que inexorablemente vincula la acción estatal para impedir la configuración del acto adverso.
En lo que respecta al departamento de Bolívar, quiero extender un mensaje de solidaridad y tranquilidad para la comunidad en general, y por supuesto, nuestros líderes sociales que día a día afrontan la adversidad en procura de aportar los cimientos de un futuro más optimista; precisamente, este recado parte de la base de un Estado social y democrático de derecho, en el que la institucionalidad no escatimará esfuerzos para la consecución de los fines estatales consignados en el preámbulo y las cláusulas pétreas constitucionales (artículo 1º y 2º CP).
No cederemos ni un milímetro en las acciones tendientes a preservar el orden público y una real convivencia ciudadana. La percepción de tranquilidad y bienestar no quedará plasmada solo en el imaginario, sino que estará acompañada de el actuar de la administración en el territorio, para converger en una relación directa que permita adoptar decisiones oportunas y eficaces, infundiendo en el ciudadano la confianza en la institucionalidad opacada a lo largo de los años.
El respeto y dignificación de las máximas superiores de nuestras comunidades, es la apuesta para que Bolívar sea Primero en todos los sectores del desarrollo.
Por supuesto que no me olvido de la pregunta del epígrafe, pero así como inicie este escrito lo concluye, las diferencias ideológicas y de cualquier índole, jamás justificaran la intolerancia capaz de arrebatar una vida a la comunidad y a su familia. El respeto es una base esencial de las sociedades modernas.
CARLOS FELIZ MONSALVE
