Por Horacio Cárcamo Álvarez (Especial para Revista Zetta 20 años).- Es una buena noticia en medio de la tragedia del país y en particular de Cartagena, ciudad donde se registran las peores cifras de infectados de covid-19, que el alcalde Dau y el presidente de ANDI depusieran sus ánimos. Nada resultaría más inoportuno en medio de los padecimientos sufridos en la salud, el ingreso y la calidad de vida de los cartageneros vulnerables, que una disputa entre quienes representan a dos sectores de la nación, público y privado, de quienes se espera más complementariedad para enfrentar unidos a un adversario común y letal.
La propuesta de los empresarios en el sentido de contar con una gerencia dedicada exclusivamente al manejo de la pandemia lucía sensat si en las palabras no se escondían otras intenciones. Es apenas normal que cuando sobrevienen hechos que alteran de manera grave la normalidad administrativa, bien sea por fuerza de la naturaleza o una pandemia, como es el caso, se acuda a una persona o se conforme un grupo de altas calidades con dedicación exclusiva a hacerle frente a la contingencia. Esto porque el resto de problemas pendientes y acumulados históricamente no ceden, ni se congelan por el hecho sobreviniente, y requieren también de la atención suficiente para la respectiva resolución.
En democracia los gobernantes no son reyes a quienes se les esté prohibido mirar a los ojos. Tampoco por la investidura del cargo hay que hacerles reverencias a su paso dirigiendo la vista al suelo. Todo lo contrario, son delegatarios de la voluntad popular en procesos participativos de la ciudadanía materializados en elecciones populares o en actuaciones administrativos discrecionales a quienes, entre otros deberes, les asiste el de rendir cuentas, dar respuestas a las peticiones y facilitar permanentemente el escrutinio público.
Sin embargo la propuesta sugerida, en buena hora superada por la designación que hiciere el Presidente de la República de un enlace entre el gobierno central y las autoridades locales, no olía del todo bien. Un ligero tufillo hacía desconfiar de su bondad y parecía más un eufemismo para aprovechar los desaciertos del alcalde en el manejo de la crisis. La oportunidad se encontraba en la mesa del poder donde se sirve por igual la lisonja y la traición.
El gobierno local apenas cayó en la cuenta de no estar haciendo las cosas del todo bien cuando recibió la visita del MinSalud. Las medidas con las que se confrontaba la enfermedad en el Distrito eran las mismas sugeridas en el siglo XIV por el reformador protestante Martín Lutero para hacerle frente a la peste bubónica en Silecia y Wittemberg; no exponerse innecesariamente (confinamiento), higiene, prevención e invocar la protección misericordiosa de Dios.
Mientras tanto las EPS pasaban de agache. El Ministro Ruiz Gómez las acusó públicamente de testear 10 veces menos de lo que hacían sus pares en resto del país. Y fue más allá, las amenazó con denunciarlas ante la Superintendencia de Salud sin persistían en la conducta omisiva.
Parafraseando al expresidente Santos estábamos volando sin instrumentos. Sin testear no se podía conocer la magnitud de la propagación del virus y menos diseñar estrategias con cercos epidemiológicos para contenerlo. Nadie se percató de tremenda falla. Solo cuando se inició la fase de la apertura gradual de algunos sectores económicos es cuando queda de presente la dimensión de lo que estaba sucediendo. Entonces nos retrotraíamos nuevamente al dilema ético de comienzos del mes de marzo sobre quién tenía la prioridad en la atención: la salud o la economía. En Cartagena la crisis del coronavirus ha golpeado duro a la economía, y el modelo económico basado en la mala distribución de la riqueza, responsable de las grandes desigualdades y de la pobreza tiene quebrada desde hace rato a la sociedad.
Precisamente los gremios de la producción el 17 de marzo, a pesar de haberse diagnosticado desde el 6 del mismo mes el primer caso de covid-19 en Colombia y 96 países en el mundo habían hecho público los estragos de la letalidad de la enfermedad, expresaban su desacuerdo con los cierres de aeropuertos, y con los toques de queda decretados por algunos gobernadores y alcaldes ante la inercia del gobierno nacional. Para ellos y el gobierno central las medidas restrictivas adoptadas en los territorios y en la Alcaldía de Bogotá no “estaban en consonancia con lo que necesitaba el país en ese momento”.
El propio Mac Master, protagonista en el rife rafe con Dau consideraba no era necesario un toque de queda, “sino unas restricciones de movilidad para ciertas personas y para ciertas actividades”. La vicepresidente Martha lucia, que no acierta una, expresaba en voz alta que la crisis era inventada. No obstante el presidente Duque tomo distancia y ordeno el confinamiento, desde el 25 de marzo, situación aún vigente con la reciente prorroga.
Acá también quedo expuesto por cuenta de la pandemia lo que Piketty denomina la violencia de las desigualdades sociales, al pretenderse confinar sin alimentos y en viviendas, muchas precarias, con déficit cualitativos a la población de barrios populosos como Nelson Mandela y el Pozón donde se ensaña el hambre, la pobreza y la informalidad laboral. El confinamiento no va funcionar, y no será solamente por indisciplina de la gente como lo quieren hacer creer quienes, ni siquiera la pandemia les ha permitido entender el drama social de la ciudad, sino porque la gente tiene que salir a rebuscarse, a buscar chamba para sobrevivir.
