Colegios y hospitales que construya el Estado, deberán tener 20% de energía solar

Los colegios y hospitales que se construyen en adelante, deberán contemplar por lo menos un 20% de autoabastecimiento de energía eléctrica, mediante el empleo de tecnologías autosostenibles.

La iniciativa hace parte del paquete legislativo propuesto por la representante Karen Cure, que incluye también una inhabilidad laboral de por vida a violadores y una norma procedimental para una segunda instancia para aforados.

La congresista bolivarense explicó que el proyecto de promoción de energía solar se aplicará en jardines, escuelas, colegios, universidades, centros de salud y hospitales de carácter nacional, departamental y municipal.

“Con esto, las regiones donde las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica ha siendo intervenida y las zonas del país que no están interconectadas al servicio eléctrico, que tienen potencial de energía solar, se verán beneficiadas”, dijo cure Corcione.

 

Registro de inhabilidades por delitos sexuales

La iniciativa de Karen Cure busca que las personas condenadas y hayan purgado pena por delitos sexuales, queden inhabilitadas de por vida para ejercer cargos de cuidado, orientación, educación o instrucción con menores de edad, en cualquier entidad pública o privada.

Para este efecto, se crea un Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales RIDS, que deberá ser consultado por las entidades contratantes previa a la vinculación de cualquier persona que vaya a trabajar en espacios donde involucren a menores de edad, y que será requisito previo para la contratación.

 

Derecho a la impugnación

Hoy, los aforados no tienen segunda instancia. Este proyecto regula el acceso del derecho de impugnación mediante un recurso de estudio integral, y podrán impugnar fallos condenatorios.

También se aplicar para ciudadanos que en un primer juicio fueron declarados inocentes, y en una segunda instancia son declarados responsables, y no han podido acceder al recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, por carecer de recursos para costear servicios profesionales de un abogado.