Por Andrés Rico Rivera (Especial para Revista Zetta).- Tal como está la situación en la ciudad, por todos los sucesos acaecidos en las últimas semanas, validadas por la opinión popular reflejada en las recientes mediciones de percepción, deberíamos reconocer que estamos ad portas a una crisis de gobernabilidad, sobre todo si por un lado, el gobierno nacional y distrital no escuchan el sentir de los ciudadanos de a pie, dentro un dialogo sincero y coherente que nos ayude a enderezar el entuerto que nos lleva camino al abismo.
Pero primero debemos entender qué es la gobernabilidad, al respecto podemos decir que no estaríamos en tal situación si el gobierno local tuviese control de todas sus actuaciones, así hubiésemos podido evitar la tragedia de Blas de Lezo. Situación por la cual el Alcalde Mayor de la ciudad se encuentra hoy suspendido, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes, cabe la razonable duda de que con esta decisión la Procuraduría no trata de resolver una crisis de gobernabilidad, sino de ganar tiempo y conseguir una tregua por los malos momentos que atraviesa la ciudad durante el 2017.
La ingobernabilidad se hace manifiesta en que la única manera de resolver los problemas actuales de Cartagena, es por medio de elecciones y, solo hasta ese momento, el pueblo se pronuncia eficazmente en favor de quienes, supuestamente, tienen la razón o creen tenerla.
El Gobierno Nacional, en su intento de ayudar al noble y heroico pueblo de Cartagena y obligado por el mandato constitucional, envío un delegado como Alcalde Encargado, Sergio Londoño Zurek, cartagenero de nacimiento, miembro de una reconocida familia en la ciudad, preparado para el cargo, con buenas intenciones, pero inexperto, sin el mínimo fogueo político, situación que muchos creemos puede ahondar la crisis en la que estamos sumido.
De todo lo anterior se deduce que, en verdad, una crisis, como la que está atravesando Cartagena, solo se puede solucionar consistente y sostenidamente con un acuerdo social y político, que integre a todos los Cartageneros, pero el hecho que deseo destacar es que, precisamente, la ¨debilidad¨ de las instituciones nos lleva a recurrir al Gobierno Nacional para intentar esos acuerdos. Un recurso al que solo se debería agotar en una situación grave que debería dar luces sobre su precariedad.
Ojalá que el diálogo prospere e inclusive que veamos en la prensa sendos titulares de logros y posteriores resultados, pero la pregunta que queda pendiente, a manera de corolario, es si el método escogido va a resolver realmente los graves problemas que tiene Cartagena. La experiencia dice que no basta con un «diálogo» cada 5 o 10 años, por más buenas intenciones que tengan los involucrados. Pareciera que el asunto va mucho más allá.
Andres Rico R, Cartagena, 2017.