Por John Zamora (Director de Revista Zetta).- Alcalde elegido, suspendido y ahora preso. Contralora Distrital mal elegida y ahora presa. Un concejal elegido y ahora preso. Un abogado, hermano de Manolo, ahora preso. La situación refleja una crisis gravísima para la institucionalidad de Cartagena, peor que la vivida hace cuatro años con la suspensión del entonces alcalde Campo Elías Terán y sus sucesivos reemplazos.
Así las cosas, respecto del alcalde hay dos escenarios jurídicos: el disciplinario ante la Procuraduría y, ahora, el penal ante la Fiscalía.
El disciplinario parece perdido. El procurador no oculta su animadversión contra Manolo, pero el hallazgo de más de 50 edificaciones con licencias anómalas, un par de días después de la tragedia de Blas de Lezo, es un argumento al que el Ministerio Público le asigna mucho peso. A nadie extrañará si se prorroga la suspensión tres meses más, y tampoco extrañará si sobreviene una destitución.
El penal apenas comienza. Debemos esperar las imputaciones de la Fiscalía, la defensa y la decisión del juez de conocimiento.
Ambos escenarios tienen un efecto político: la capacidad de maniobra de Manolo cada día es más reducida y así regrese al cargo, su posición es precaria.
Regresar al cargo es un escenario posible pero poco probable. La confirmación de su suspensión y la captura son golpes demoledores a su imagen. Y el alcalde parece haberse quedado solo. Ningún sector político lo ha defendido, salvo decir que esperan que le vaya bien en su defensa. Ni el propio movimiento Primero la Gente ha dicho ni mu para defenderlo.
Además, en todo esto parece haber un mensaje subliminal: o tu libertad o tu cargo.
Libertad es lo más apreciado por cada persona y su familia. No quiero ni imaginar lo que están sufriendo su esposa, sus hijos, sus padres, al ver que Manolo pasó de una vida de periodista a la agitada vida de hombre público.
En estos términos, la renuncia aparece como una solución.
En lo personal, le permitiría liberarse de una presión asfixiante y dedicarse a su defensa.
En lo político resulta una jugada a varias bandas. Primero, es volver a depositar en el pueblo la facultad de tomar una decisión de fondo para la ciudad. No será el Presidente ni el Procurador –cenando a manteles en un restaurante de Cartagena- los que tomen el mando y decidan lo que quieran con Cartagena. Será el pueblo el que entregue la legitimidad del poder a quien logre las mayorías en las urnas.
Segundo, al propiciar elecciones atípicas, vendrá un alcalde con plena legitimidad, con gobernabilidad y mandato claro, y no con la precariedad de hoy.
Tercero, la grave crisis institucional no se supera con un encargo, por muy brillante que sea. Se soluciona en democracia, acudiendo al pueblo. No es dable a un solo segmento de la sociedad asumir una especie de “regencia”, que se puede predicar para temporalidades más no para definitorias. A problemas graves, soluciones de fondo. Los pañitos de agua tibia ni disuaden la fiebre ni curan la enfermedad. La renuncia es el camino.