En el desarrollo de una audiencia pública en el Concejo, donde se debatieron varios proyectos de acuerdo, se registraron distintas posiciones en torno a la concesión de infraestructura tecnológica en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).
Participaron, entre otros, el dirigente cívico Ismael Caraballo y el abogado Alcides Arrieta. Por un lado, Caraballo manifestó que el DATT ha mejorado mucho durante los últimos años, pues “recuerdo los problemas por los que atravesó la entidad hace más de 15 años cuando la corrupción reinaba y los escándalos estaban a la orden del día. Yo no vengo a defender a ningún particular, solo que de un tiempo para acá, desde que entregaron la atención a particulares esto cambió. Entonces, señores yo vengo a decir que las concesiones no son malas”, dijo.
Agregó que “me puse a la tarea de investigar y en Colombia hay más de 100 concesiones y puedo dar fe que esta es una de las menos costosas. Tiene la tasa de retribución más baja del país y ha dado muestras de su eficiencia”.
Por su parte, Alcides Arrieta expresó que las leyes del país no permiten que la función pública sea entregada o delegada a particulares: “La Veeduría Colombia Decente solicita al Concejo se archive este proyecto de acuerdo, pues, a mi juicio, tiene unas inconsistencias, y como dice la ley, no se le pueden entregar las funciones públicas a un particular”.
William Murra, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, capítulo Bolívar, envió una carta con sus apreciaciones sobre el proyecto de acuerdo, en la que describe algunas sugerencias para que los concejales tengan en cuenta que los actos públicos estén revestidos de transparencia, y es necesario la publicación de los reportes numéricos de parte del contratista, o del contratante, que en este caso es el Distrito.
Iván Caraballo, otro participante, aseguró que: “Para analizar este proyecto de acuerdo, me hice dos preguntas, ¿qué se está concesionando?, y ¿qué se puede concesionar? La respuesta a la segunda pregunta es que la ley dice que se pueden concesionar los servicios públicos; y la administración de los sistemas de tránsito no es un servicio público. No se pueden hacer figuras para tratar de legalizar la ilegalidad”.
Más adelante, el director del DATT, Edilberto Mendoza Goez, tuvo la oportunidad de explicar en plenaria, no solo el objeto del proyecto, sino también los soportes jurídicos, económicos y técnicos. Aclaró que no está en las manos de la concesión el manejo de los recursos que se recaudan; por el contrario, la concesión suministra la plataforma informática y apoya en algunas gestiones operativas, de inspecciones, administrativas y financieras.
“La potestad de la autoridad administrativa de tránsito y transporte son ejercidos por el organismo de tránsito y transporte y liderados por la Dirección del mismo. La administración, fiscalización y liquidación de recursos, el ejercicio de la jurisdicción de cobro coactivo, la imposición de sanciones, la devolución de recursos y la resolución de discusiones sobre sanciones, son competencias desarrolladas directamente por el organismo de tránsito desde sus diferentes procesos misionales y de apoyo. Las actividades desarrolladas por el organismo de tránsito son apoyadas por el concesionario, para la mejora de los procesos”, indicó.
A su vez, la asesora jurídica del DATT, Lena Barrios, explicó que ninguna función misional del DATT está concesionada, sino que se le ha dado una mala interpretación. Para complementar sus aportes manifestó que la Consultoría Capital INC, contratada por el Distrito, arrojó como resultado que el DATT para poder darle continuidad a la prestación del servicio y fortalecimiento de su proceso de modernización debe hacerlo a través de la figura jurídica de concesión.
Por su parte, Rodrigo Reyes Pereira comentó que tiene la inquietud de por qué sería inviable que el Distrito asuma esas responsabilidades, a lo cual la señora Barrios contestó que se necesitarían alrededor de 33 mil millones de pesos para adquirir la plataforma informática.
El cabildante Vicente Blel Scaff instó a que se revise el tema pues el Distrito necesita el ingreso de más recursos, y que el DATT asuma esas funciones podría ser una buena opción.
Javier Curi Osorio señaló que “las concesiones no son malas, pues son acuerdos de colaboración y en el país hay muchos”. Así mismo, comentó: “Revisé los fundamentos del acuerdo y le faltan sustancia y material jurídico, pues existe un marco constitucional más amplio en el que se soportan los acuerdos de colaboración. Por eso hay que estudiarla bien”.
Ante la ausencia del abogado Alcides Arrieta, de la veeduría Colombia Decente, el concejal Curi señaló: “Las audiencias son para la comunidad y resulta que el abogado Arrieta no está, ni ningún miembro de esa veeduría. Por eso quiero dejar constancia de esa situación”, dijo.