El abogado penalista cartagenero Enrique del Río González fue designado hace tres meses Conjuez de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un importante logro pese a su juventud, y que en su momento fue tomado como un homenaje a sus conocimientos y brillante trayectoria.
No obstante, la condición de Conjuez le fue removida por la Corte Suprema de Justicia a raíz de una declaración del exfiscal corrupto Luis Gustavo Moreno, quien lo asoció al magistrado Gustavo Malo y al exmagistrado Frandciso Ricaurte.
Del Río reaccionó enérgicamente ante tal versión y expidió esta declaración donde despeja cualquier inquietud en torno a su conducta:
Ante la noticia difundida por los distintos medios de comunicación en desmedro de mí buen nombre y dignidad moral, me permito poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
Mi carrera profesional ha sido gestada con sacrificio y estudio permanente. Jamás he ocupado un cargo judicial que no sea ad honorem, yo presenté mí hoja de vida ante la Corte Suprema de Justicia, esta fue seleccionada por la sala penal en pleno y por unanimidad, no sólo por el magistrado Gustavo Malo.
Jamás he departido con los magistrados titulares de la sala penal de la Corte. No tengo trato personal con ninguno de los activos y tampoco he procurado siquiera una conversación o visita informal con ellos, esto se puede constatar con las bitácoras de ingreso a los despachos de los Magistrados.
Es falso el episodio que los medios de comunicación reproducen, al parecer producto de una trasliteración de la supuesta declaración judicial del señor Gustavo Moreno; según él, mantuve una conversación, la cual jamás pasó. Al señor Gustavo Moreno, le conocí de vista en dos seminarios doctorales en la Universidad Sergio Arboleda, jamás crucé palabra alguna, no tuve siquiera oportunidad, pues él siempre llegaba al aula, dejaba el maletín y se retiraba. Jamás entablemos conversación.
Nunca he ejercido la profesión en casos de parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. El único caso en el que he actuado ha sido como representante de víctimas dentro de un proceso contra del congresista Hernando Padaui, quien coincidencialmente fuera defendido por la oficina de Gustavo Moreno, por temas electorales, no de parapolítica.
En mí ejercicio profesional de abogado coincidí en todas y cada una de las oportunidades como CONTRAPARTE de Gustavo Moreno, no obstante ello nunca tuve siquiera una interacción personal. En varios procesos relacionados sobre un mismo tema, las disputas entre Germán Ordosgoitia y Hernando Padauí. Mi rol profesional fue el de Representante de Víctimas, y el de ese señor de defensor.
Resulta singular cómo, sin razón coherente alguna, este señor me menciona sugiriendo de manera perversa, Maliciosa y falaz una relación inexistente con el supuesto cartel de la toga. Espero que esto no sea el reflejo de una retaliación por las resultas de los procesos en los que él representó a Hernando Padauí, los cuales en los últimos meses se han producido decisiones judiciales adversas a nuestra contraparte y nos han concedido judicialmente la razón.
La noticia
En efecto conozco y respeto al Dr. Gustavo Malo Fernández, como a todos y cada uno de los funcionarios judiciales de la ciudad de Cartagena, en virtud de mi actividad profesional, el Dr. Malo Fernández aunque me honraría serlo, no fue ni es mi amigo personal, igual pasa con el doctor, Francisco Ricaurte quien no tuvo ninguna injerencia en mi designación como conjuez en la Corte. A él lo conocí como cartagenero con gran trayectoria en Colombia, mantuve relaciones cordiales, como cientos de personas de todo nivel en Colombia.
No he sido notificado formalmente, lo que me indica qué hay intereses oscuros encaminados a enlodar mi honorabilidad, de esto da cuenta la difusión masiva de la noticia. Ahora, entiendo la postura de la Corte, sus integrantes no pasan por buen momento, y todos los que nos relacionamos de una manera u otra con los investigados o somos oriundos de Cartagena o de la costa, representamos, así sea potencialmente, un motivo de prevención. Para mí la institucionalidad e imagen de la Sala Penal es prioridad. Muy a pesar de que ello signifique prescindir de la presunción constitucional de inocencia.