En menos de 24 horas, funcionarios del más alto nivel del gobierno nacional se trasladaron a Cartagena, ante el llamado del alcalde ( e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, para trabajar unidos en la atención de la calamidad pública decretada el pasado jueves 18 de enero de 2018.
Al término del encuentro, al que asistieron funcionarios de diferentes entidades del gobierno nacional, así como de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, entre otras, se dieron a conocer las acciones que se están desarrollando para atender la calamidad pública decretada por el Comité Distrital de Riesgo.
El mandatario de los cartageneros dio a conocer el trabajo conjunto que se desarrolla así:
Superintendencia de Industria y Comercio estudiará emitir una resolución para revisar subsidios por estratos que serán cobrados a los constructores, y de no existir recursos proceder, según la Resolución 0908 de 2016, para que sean pagados por el Distrito de Cartagena.
Con la Superintendencia Financiera realizar una mesa de trabajo con las víctimas para determinar las acciones respecto a las entidades financieras y los créditos otorgados a los propietarios de los apartamentos.
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Medellín continuaran el acompañamiento como lo vienen haciendo desde el primer día de la calamidad pública, a las medidas de atención socorro y procedimientos humanitarios instaurados en el Distrito.
La Procuraduría General de la Nación seguirá el acompañamiento a la continuidad del Plan de Normalización Urbanística, elemento fundamental para el manejo y regularización de la actividad constructiva de Cartagena, plan que viene dándose desde 2017.
Y con la Fiscalía General se continuarán con las investigaciones en contra de los constructores.
Londoño Zurek señaló, que en cuanto a los títulos de propiedad, la Superintendencia de Notariado y Registro adelanta unas investigaciones y que el Distrito aportará toda la información que se requiera para la misma. “En este momento la Superintendencia tiene una investigación de 40 edificaciones para determinar las acciones procedentes en el futuro”, dijo el mandatario.
El Alcalde fue enfático en señalar que la calamidad pública y el decreto fueron adoptados por el Consejo Distrital de Riesgo de Desastres. “La calamidad pública continúa y se aplica a los 16 edificios que fueron estudiados por la Universidad de Cartagena. Las medidas de evacuación se suspendieron por una decisión de una juez de la República, quien determinará qué acciones tomar respecto a estas 16 edificaciones”.
Agregó que hoy están los 16 Puestos de Mando Unificado para brindar información y asistencia a las familias que lo requieran.
El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló que la entidad tomará, tal como lo hizo con el caso de los edificios en Medellín, una decisión respecto a los subsidios. “Deben decir cuál será el subsidio que le correspondería pagar a los constructores, para que mientras dure decretada la calamidad y se logren las indemnizaciones a que haya lugar, éstas personas tener un subsidio habitacional de arriendo a cargo de los constructores. Además, deben decir qué se debería hacer por parte del Distrito de Cartagena, en el evento de que los constructores incumplan la orden de entregar los subsidios, cuáles serían los subsidios que se deberían entregar. Los subsidios son unos si se pagan con la plata de los constructores y otros si son con los recursos del Distrito”, explicó el mandatario.
Aseguró que desde hace unas semanas la Superintendencia adelanta una indagación preliminar para determinar la responsabilidad de los constructores en la violación del Régimen de Protección de los Consumidores, el cual sería no haber puesto en el mercado de bienes (inmuebles) los seguros, y que respondan por la garantía de idoneidad y calidad de dichos bienes. Además, se estudian sanciones que podrían ser hasta de $1.500 millones de pesos, tanto para las firmas constructoras como personas naturales vinculadas a dichas constructoras.
A denunciar
A la fecha de hoy ninguno de los afectados ha demando ante la Superintendencia el restablecimiento de sus derechos. Ante esta razón, la Superintendencia pidió que contacten a la Superintendencia de Industria y Comercio, en Bogotá, a través de la página web sic.gov.co ó llamar a la entidad para indicarles qué deben hacer, o trasladarse a la Casa del Consumidor, en Cartagena, para que les brinden asesoría.
“Las víctimas tienen que presentar demandas judiciales ante un juez civil o la Superintendencia de Industria y Comercio si quieren protección del Estado. En el caso del edificio Space y demás compañías de ese grupo, más de 200 demandas de Protección al Consumidor terminaron con decisiones que ordenaron devolver la plata que habían pagado los inmuebles. Esto no se puede hacer de oficio”, precisó.
En cuanto a los créditos que tienen los propietarios de los apartamentos, el Alcalde sostuvo que se tendrá una mesa de trabajo con la Superintendencia de Industria y Comercio con las víctimas para estudiar las posibilidades, dentro de la declaratoria de calamidad, de negociación con las entidades financieras.
Por último, el Alcalde señaló que el convenio interadministrativo entre el Distrito y la Universidad de Cartagena no se ha pagado, y es Control Urbano la entidad encargada de hacer la supervisión el mismo y que tampoco se ha recibido el estudio final.