La Procuraduría General de la Nación pidió a la Alcaldía de Cartagena modificar la licitación abierta para adjudicar el servicio de vigilancia en los edificios administrativos, contrato que supera los 22 mil millones de pesos.
En desarrollo de su función preventiva, la Procuraduría Provincial de Cartagena detectó algunos puntos de la licitación, que cierra el próximo 21 de febrero, que no se ajustan a lo establecido en los procesos de contratación estatal, fijan exigencias de difícil cumplimiento o no son claros en los requerimientos que se hacen a las empresas licitantes, entre otros.
Estos cambios acarrearán un obligado retraso en el cronograma, lo que afectará las expectativas de los vigilantes que voluntariamente están prestando sus servicios en las instituciones educativas y edificios administrativos de la Alcaldía.
Según la Procuraduría, en lo relacionado con la experiencia que deben demostrar las empresas interesadas, el Ministerio Público consideró que de acuerdo con los procesos de contratación estatal los oferentes pueden acreditar libremente su experiencia, y por lo tanto no es correcto que el pliego de condiciones los limite a certificar como máximo la ejecución de solo dos contratos de similares características.
El órgano de control señaló que se deben aclarar los parámetros establecidos para calificar la formación de las personas que cumplirían las funciones de consultor en seguridad privada, porque las exigencias planteadas hacen que sea casi imposible para los participantes lograr el puntaje exigido. Para la Procuraduría, esa situación lleva a que la calificación se haga de manera subjetiva, afectando el principio de transparencia en la selección.
También solicitó aclarar el punto denominado ‘propuesta técnica’, que otorga una calificación a la propuesta que ofrezca un ahorro en el valor del contrato, porque no fija con claridad las exigencias y requerimientos que deben cumplir los oferentes, lo que podría inducirlos al error.
Para el Ministerio Público es necesario que la Alcaldía haga los ajustes necesarios a la licitación, porque tal como está planteada no permite la pluralidad de oferentes ni el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad, legalidad y libre concurrencia en la contratación pública.