Por Carlos Féliz Monsalve (Especial para Revista Zetta).- ¿Por qué a los lideres sociales?, esta pregunta desde hace más de una semana embarga al imaginario popular, por la oleada de amenazas y asesinatos que sobre algunos personajes representativos y defensores de los derechos humanos ha caído.
Y es que no es para menos, según las cifras reportadas por las autoridades desde el año 2016 hasta la presente son mas de trescientos (300) lideres sociales los que han sido asesinados a manos de las diferentes organizaciones criminales que operan en aparto de la Ley en los diferentes departamentos de Colombia. Este número de flagelos que va en ascenso, tiene conmocionado al conglomerado en general, principalmente porque estos sujetos receptores de las conductas punibles, se han dedicado a luchar incansablemente días tras día por conseguir la Paz dentro de sus territorios.
Lo cierto de todo es que a partir de la suscripción del Acuerdo de Paz con el extinto grupo guerrillero de las FARC, por parte del Gobierno Nacional, se vendió una idea que para muchos era utópica, de la finalización del conflicto armado que por medio siglo le arrebato a muchos hijos e hijas a Colombia, sin embargo, y de cara a lo que muchos pensábamos era una solución, se ha acrecentado el asesinato de los lideres sociales, lo que nos lleva a concluir indefectiblemente que todavía existen ápices de la guerra, pero que ya disminuyó en las vastas zonas boscosas y desoladas del país, pero que aumento tangiblemente en la mal llamada selva de cemento, por la innecesaria lucha de rutas del narcotráfico y minería ilegal dejas a un lado por el grupo guerrillero en su transición a la reincorporación.
En ese orden de idea, cabe destacar sin asomo de dudas, que la dejación de las armas por parte de la FARC, derivado del acuerdo de Paz, el cual tiene muchas falencias, pero que contribuyó al inicio del desarrollo de muchas regiones que estuvieron sesgadas por la guerra, permitió la reincorporación de los integrantes bélicos a la vida civil, no obstante, este masivo ataque a los lideres comunitarios que en muchos casos fervientemente lucharon para alcanzar esta decisión histórica, pone en vilo el cumplimiento del mismo, toda vez que deja entre ver la amenaza latente que existe para las personas que tienen un ideario diferente al común.
Bajo esa premisa, el Estado debe tomar medidas trascendentales que denoten en una verdadera política de protección, pues, no basta con brindarle custodia con un grupo de escoltas o un vehículo blindado, que solo da paliativos a una problemática mayor, sino que debe emprender a través de las diferentes ramas del poder público todo un arsenal de acciones que permitan en primera medida la identificación de los responsables que en muchos casos viven en el desconocimientos o de manera colectiva se muestran como integrantes de grupos ilegales (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ELN, Águilas Negras, Clan del Golfo entre otros), y en segunda medida la judicialización de los mismos con penas coherentes y severas a la conducta desplegada.
Así mismo, debemos apartar la idea de que los asesinatos son hechos aislados que nada tienen que ver con una persecución a los representantes sociales, porque se estaría legitimando por omisión la pérdida de vidas, renunciando a las garantías que el constituyente primario dejó plasmadas en la Carta Política de 1991. Este estamento constitucional en una hermenéutica gramatical señala que el derecho a la vida es inviolable, lo que incluso impide que a través del órgano jurisdiccional se impongan penas de muerte por delitos.
Las ideologías, etnias, religiones y razas no debe ser motivos de discriminación en un país como el nuestro de culturas diversas, ni mucho menos debe ser el móvil para arrebatar la vida de una persona. En ese orden de ideas, más allá de discrepancias que puedan surgir por el ejercicio político entre los que luchan por una postura u otra, deben prevalecer el respeto y tolerancia, para que a través del diálogo y discusiones constructiva podamos emprender la refacción del Estado Colombiano, que desde sus génesis siempre ha vivido sumergido en conflicto.
De acuerdo con lo anterior, y en complementación las acciones ya referidas, quienes ostenta una posición de representación dentro de los entes públicos, deben identificar las verdaderas razones que originan el atropello de los lideres sociales y defensores de derechos humanos, y apartar las discusiones estériles que en muchas ocasiones invitan a sus adeptos a generar discordia dentro de la sociedad. Y es que la verdadera razón del ejercicio político es apartar los intereses particulares de la gestión, y trabajar de forma mancomunada con los lideres sociales quienes conocen de primera mano las necesidades propias de los territorios que representan.
Corolario de lo expuesto, resulta indispensable señalar que, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos buscó incansablemente germinar la paz en Colombia, pero que el próximo 7 de agosto, cuando su mandato culmine y asuma las riendas del país el Doctor Iván Duque Márquez, serán más los retos que hay que afrontar para preservar lo que con tanto esfuerzo se consiguió, sin dejar a un lado la necesidad de realizar ciertos ajustes que permiten de forma objetiva obtener las garantías mínimas para todas las personas que por su ideología divergente, sin que pueda considerarse errada, controvierten de manera democrática las decisiones que se adoptan para al desarrollo de las comunidades.
De todo lo expuesto, no queda más que concluir que no existe en una respuesta acertada que permita contestar la pregunta que encabeza este artículo, pero sí existen argumentos de sobra que nos dicen desde hace mucho tiempo que la solución a los problemas o discrepancias no es el derramamiento de sangre, pues, en un país democrático como el nuestro existen postulados que salvaguardan de manera diáfana este bien jurídico, aunque muchos todavía crean que el poder y respeto se gana con las armas.
CARLOS FELIZ MONSALVE.