Por Carlos Féliz Monsalve (Especial para Revista Zetta).- Atroz, quizás esta palabra no encasille dentro de su definición, la conducta despreciable y los hechos que tuvo que soportar la menor Génesis Rúa por parte de su victimario, cuando de forma aberrante y sin justificación alguna le arrebató la vida.
Este nuevo episodio de violencia contra nuestros niños, dejó perplejo a todo el país, por lo cruel y reprochable de la conducta desplegada por el señor Adolfo Arrieta García, quien guiado por los instintos de una bestia, atropelló la alegría de una familia.
Ahora el debate se centra nuevamente en el recrudecimiento de las penas, para quienes atenten contra la integridad de los menores. El presidente Iván Duque ya se pronunció frente al tema, y enfatizó en la necesidad de promover un proyecto de acto legislativo, que introduzca una modificación al artículo 34 de la Constitución Política, que prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
Este acto reflejo se suma a otras propuestas presentadas por congresistas en diferentes periodos, en las que se buscaba también imponer penas coherentes contra quien abuse o vulnere el estado de indefensión de un niño, no obstante a ello, y como si se tratase de un monólogo, todos las iniciativas de ese tipo quedaron recluidas dentro de los archivos del parlamento.
Y es que la historia nos permite corroborar lo expuesto: en el mes de diciembre del año 2016, el país se estremeció con la muerte de la niña Yuliana Andrea Samboní, a manos de su agresor, situación que generó indignación y resucitó en ese momento el debate sobre la aprobación de la cadena perpetúa, castración química o pena de muerte para agresores de niños y niñas, sin embargo, a la fecha seguimos sin encontrar una solución de fondo a estas conductas, pues el padecimiento de estos males parece no tener fin y con tendencia a incrementar.
Para algunos la ineficacia en la toma de una decisión contundente frente a este tema, se debe única y exclusivamente al populismo político con el que se toman estos acontecimientos; empero, a mi juicio esto obedece a un problema de fondo que incluso puede perjudicarnos a todos como ciudadanos, y es la deficiencia que prevalece en nuestro sistema judicial, pues existe un gran porcentaje de errores procesales que dejan como saldos privaciones injustas de la libertad, lo que terminaría siendo más gravosa que el delito a castigar.
Bajo ese orden de ideas, no sería del todo dable establecer sanciones que vulneren la vida o lesionen al procesado, si en Colombia existen un gran margen de error en las condenas, algunos ligados por homonimia, complexión física similar al del victimario e incluso por estar a la hora y el lugar equivocado. Así como a la fecha, no resultaría conveniente soportar la condena perpetua de reclusos, si estimamos que el hacinamiento carcelario se ha convertido en una problemática sin solución, sumado al alto costo que generaría una población penitenciaria a perpetuidad -gastos que indefectiblemente deberán ser acarreados por nosotros en nuestra condición de contribuyentes-.
Con lo anterior no quiero dar a entender mi desacuerdo con una justicia pronta, contundente y oportuna, sino por el contrario, como ciudadano activo quiero ayudar a construir una justicia que haga alusión a sus postulados, pues la verdadsobre todas las cosas debe imperar. La pérdida de una vida, en especial la de nuestros niños, no será compensada con la imposición de una pena perdurable, quitar la vida o lesionar a quien presuntamente cometió el punible, si no se tienen los elementos probatorios pertinentes, que le permitan conocer a sus familiares el contexto en el que sucedió el crimen y conlleven a identificar e individualizar sin asomo de dudas su autor, garantías mínimas del derecho penal. Es de recordar que la seguridad jurídica no se basa exclusivamente en imponer condenas, sino también de respetar la libertad de quien es inocente.
Así mismo, y de forma simultanea, el Estado debe poner en marcha mecanismos de prevención, como la construcción de políticas públicas, que estén respaldadas con los recursos suficientes, que permitan iniciar procesos educativos, de salud mental, de reducción de consumo de estupefacientes, entre otros, que a largo plazo entreguen como resultado la refacción de una renacida sociedad.
Esta justicia en reconstrucción, debe tener un contenido sancionador residual, es decir, el Estado no debe ser un convidado de piedra que solo muestra vestigios de acción, una vez se ve perturbado el orden justo; debe reinventar la forma de impartir la justicia que por el pacto social reside en su cabeza, permitiéndole a la nuevas generaciones gozar de un contexto más ajustado a su realidad, donde la protección de los derechos sea real, con la promoción de campañas de concientización, trabajos comunitarios de impacto y el cambio de la mentalidad beligerante y oportunista que en ciertos escenarios es el detonante de las catástrofes sociales.
De acuerdo con lo anterior, la educación no solo se dicta en las aulas de clase de una institución educativa, sino también dentro de nuestros hogares, donde debemos enseñarles a nuestros niños, el amor por los semejantes, el respeto a la vida y que nuestros derechos como ciudadanos terminan donde inician los del prójimo, para formar ciudadanos conscientes, llevaderos y sin resentimientos.
Con altas dosis de este proceso de transformación, vamos a modificar el tejido social de todos, contribuyendo a la construcción de sociedades mas indulgentes, resilientes y productivas, que den paso al Génesis de una nueva justicia, sin perder de vista que con estos trazos de acciones preventivas y de preservación, no se estaría dejando a un lado el derecho penal, el cual deberá ser siempre correlativa al delito cometido, más NOretributivo.
CARLOS FELIZ MONSALVE