Inaceptable, irrespetuosa y abusiva resultó la situación denunciada por una periodista de El Universal, quien cubría la audiencia pública en el caso de las capturas por el PAE, y quien debió sufrir el “raqueteo” a sus objetos de trabajo por parte del juez y el CTI.
Hyllenne Guzmán estaba haciendo su trabajo en una audiencia pública junto a algunos colegas. Fue la última que se quedó y, una vez sola, fue sacada del lugar después que un familiar de uno de los sindicados, David Camacho, le dijera al Juez 12 con Función de Control de Garantías, José Luis Sepúlveda, que la periodista supuestamente estaba tomando fotos y grabando audios.
De inmediato un funcionario del CTI procede a arrebatarle el celular y entregarlo al juez, para proceder a ingresar en contra de la voluntad de la periodista, a las secciones de galerías y fotos, para observar si efectivamente lo había usado en la audiencia.
Sin embargo, al constatar que el teléfono no fue usado por la periodista, proceden a devolverlo y retiran de la sala de audiencia a Guzmán Anaya.
El diario El Universal considera que lo vivido por una de sus periodistas es una clara violación a los derechos humanos de la profesional y a la libertad de prensa. Es una vulneración del derecho a la intimidad, pues la ley prohíbe expresamente a las autoridades, sin orden judicial, escudriñen en las comunicaciones personales. Así mismo, este medio tomará las acciones legales pertinentes.
También hace unos días la periodista del Canal RCN Televisión, Ivonne Salamanca fue objeto de intimidación cuando ingresaba a cubrir una audiencia pública, por un funcionario de la rama judicial.
Los periodistas de Cartagena convocaron para hoy una reunión para emitir un pronunciamiento y realizar un plantón en las afueras del complejo judicial, en rechazo a este tipo de intimidaciones y claras violaciones a la libertad de prensa.
Revista Zetta rechaza la abusiva acción del juez y el CTI y le solicita a la Procuraduría que intervenga en la defensa del interés público, de la libertad de prensa, y que inicie un proceso disciplinario contra el juez y los agentes del CTI incursos en estas reprochables conductas.