Las compañías de seguros están imponiendo exigencias que atentan contra los valores democráticos y sin fundamento constitucional, denunció el aspirante a la Alcaldía en proceso de recolección de firmas, Juan Conrado Ovalle.
En denuncia pública que titulo «Seguro antidemocrático», Conrado pone de presente el exorbitante valor de la póliza y, lo que es peor, la garantía real que exigen las compañías.
El referirse en particular a Seguros La Previsora, Conrado Ovalle dice que «además de tener que recoger 50.000 firmas válidas, debemos tomar una póliza de garantía equivalente a 150 smlmv, ($124.212.400,00), cuyo valor de la prima está alrededor de $9.150.000,00» y agrego que «Seguros La Previsora, está exigiendo además del valor de la prima indicada, una “contragarantía real, líquida, representada en certificado de depósito a término (cdt), o un depósito en patrimonio autónomo de contragarantías Previsora”, por un valor equivalente al 70% del valor asegurado».
Este es el texto de su:
DENUNCIA PÚBLICA.
Seguro antidemocrático
POR: JUAN FRANCISCO CONRADO OVALLE
Sorpresa, desconcierto e indignación, por decir lo menos, es lo experimentado cuando encontramos cómo se vulneran derechos fundamentales como el consagrado en el artículo 40 de la Constitución Colombiana, el cual contempla el derecho que tenemos los ciudadanos de: 1- elegir y ser elegidos; 2 – tomar parte en elecciones, plesbicitos, referendos consultas populares y otras formas de participación democraticas. 3 – constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
El anterior mandato constitucional está siendo vulnerado flagrantemente, donde los afectados somos los aspirantes a ser candidatos a la Alcaldía de Cartagena en representación de Grupo Significativos de Ciudadanos, quienes además de tener que recoger 50.000 firmas válidas, debemos tomar una póliza de garantía equivalente a 150 smlmv, ($124.212.400,00), cuyo valor de la prima está alrededor de $9.150.000,00 hasta ahí la situación puede ser manejable, sin embargo, encontramos que las compañias aseguradoras, en particular Seguros La Previsora, está exigiendo además del valor de la prima indicada, una “contragarantía real, líquida, representada en certificado de depósito a término (cdt), o un depósito en patrimonio autónomo de contragarantías Previsora”, por un valor equivalente al 70% del valor asegurado. En plata blanca el aspirante debe disponer de $ 86.952.180.00, en el cdt, o en efectivo para el depósito en el patrimonio autonómo.
Resumiendo, para poder inscribirse el aspirante por Grupo Significativo de Ciudadanos debe disponer económicamente alrededor de $96.100.000,00, lo cual restringe la participación de ciudadanos que al no contar con esa suma de dinero, les resulta imposible realizar la inscripción correspondiente; dicho requerimiento resulta a todas luces inconstitucional, si nos remitimos a la resolución n° 0256 de enero de 2019 del Consejo Nacional Electoral y lo señalado por la Corte Constituional en la sentencia T-117 del 4 de marzo de 2016, donde indica: “el requisito exigido por la compañía de seguros Previsora S.A, la constitución de un cdt por el 100% del valor asegurado, es desproporcionado, arbitrario, e irracional por cuanto:
- El requisito exigido para expedir la póliza de seriedad no cumple ningún fin constitucional, ni pretende velar por el interés general. En contraste, esa condición restringe y vulnera derechos fundamentales y mandatos constitucionales…”
La situación planteada nos lleva a concluir que hoy por hoy nos encontramos en una inseguridad jurídica y una discriminación, donde la particiapción democrática queda condicionada al poder económico, entre otros, por las exigencias de las aseguradoras, generando indirectamente un gran poder a los financistas electorales, para luego, con la robadera, poder resarcir las inversiones realizadas.
JUAN FRANCISCO CONRADO OVALLE.
