Por Cartel de la Hemofilia en Bolívar: Contraloría emitió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía indexada de $26.274 millones. El exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín fue declarado responsable fiscal a título de culpa grave, por $1.205 millones.
Se profirió fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones contra el exgobernador del departamento de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por el detrimento al patrimonio público que se dio con el llamado “Cartel de los Enfermos Mentales”.
Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de $4 billones, por fallas en planeación y ejecución del proyecto Hidroituango. Se vinculó a 34 presuntos responsables fiscales. Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representante legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 Gobernadores de Antioquia y varios contratistas.
La suma del detrimento patrimonial en Hidroituango se discrimina así:
Dos billones novecientos setenta y un mil cuatroscientos millones de pesos ($2.971.400.000.000), a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto.
Y un billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000), por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
La Contraloría ha encontrado un inventario de 1.193 “elefantes blancos”, obras inconclusas y proyectos críticos en el país, que suman $8,7 billones. El 60% de ellos está situado en la Costa Caribe. La mayoría son obras físicas en colegios, hospitales y proyectos de infraestructura vial.
Se imputó responsabilidad fiscal por $187.227 millones contra Electricaribe, por indebida aplicación de recursos del Fondo de Energía Social -FOES- destinados a la población más pobre de la Región Caribe.
Con la estrategia “Compromiso Colombia”, la CGR ha logrado que $235.000 millones en obras no se conviertan en “elefantes blancos” en cinco departamentos.
Hallazgos fiscales por $89.899 millones encontró la Contraloría General en controles excepcionales a 13 hospitales departamentales públicos. Gran preocupación por la situación financiera de varios hospitales que pueden llevar a su liquidación, entre ellos los de Montería, Sincelejo, Pereira y Quibdó.
Con 55 hallazgos fiscales por $11.399 millones concluyó control fiscal a convenios suscritos por Coldeportes entre 2015 y 2018, para infraestructura deportiva.
CGR encontró hallazgos fiscales por más de $63.000 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG, y no ve viable su sostenibilidad en el tiempo.
El Despacho del Contralor General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $91.133 millones contra dos exsuperintendentes de Salud y tres agentes interventores, por el pago de operaciones no autorizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.
Contraloría encontró más de $13 mil millones en irregularidades con recursos de regalías, en 10 proyectos de vivienda rural indígena en el Meta.
Sobrefacturación por más de $7 mil millones en compra de tiquetes aéreos, en la Policía, el Ejército y el INPEC, encontró la Contraloría.
La Contraloría General de la República evidenció nuevos hallazgos fiscales por $197.963 millones de pesos en la finalización del proceso de intervención de Saludcoop EPS, liderado por el Agente Especial Guillermo Grosso Sandoval; y pudo verificar, el direccionamiento de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud a la sociedad subordinada Corporación IPS Saludcoop, en la cual el grupo económico tenía una participación accionaria del 95.67%.
A cerca de $800 mil millones de pesos ascienden los hallazgos fiscales que ha detectado la CGR por mal manejo de regalías en el país.
Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $559.853 millones, por manejo irregular de recursos públicos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFIE. Vinculados 65 presuntos responsables fiscales, entre ellos dos exministras de Educación y otros miembros de la Junta Administradora del FFIE, 40 contratistas de obra e interventoría y dos sociedades fiduciarias.
Diagnóstico conjunto al PAE, de Contraloría, Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción -RedUVA, evidencia falta de recursos, deficiencias en dotación de restaurantes, así como problemas de calidad.
