Por Danilo Contreras (Especial para Revista Zetta).- Es común escuchar y constatar que Cartagena, la gran Metrópoli histórica del Caribe Colombiano es una de las ciudades con mayor índice de pobreza con 25.9% y alrededor de 5% de su población en indigencia, entre tanto el 37% de la población está en riesgo de volver a la pobreza de la cual salieron. Asimismo, se sabe que el 1% de la población tiene ingresos 13 veces superiores al restante 99%. Es fácil decirlo en cifras pero trágico si se traduce en las realidades que se viven en la barriadas y calles cartageneras.
En contraste un reciente estudio de las finanzas públicas de Cartagena entre los años 2001 y 2018, elaborado por investigadores del Banco de la república, acredita que a pesar de las dificultades padecidas por la ciudad por los permanentes cambios de alcaldes ocurridos en los últimos años, los ingresos tributarios han tenido un buen desempeño, similar al de las 13 principales ciudades de Colombia.
La pregunta es, si hemos tenido un buen desempeño en materia de ingresos fiscales, por que mantenemos índices de pobreza y desigualdad deplorables?
El estudio es enfático al mencionar que el gasto público, esto es, la manera como se invierten los recursos a fin de solucionar las necesidades de la población, no ha sido óptimo. Es fácil deducir que no se ha hecho un buen ejercicio de priorización y la ejecución de las rentas ha sido precaria. La corrupción y el mal diseño de los proyectos inciden claramente es esta problemática.
Hay varios ejemplos: En 2014 el gobierno de la época nos embarcó en un préstamo por $250 mil millones y los impactos no fueron los mejores. Se dio el caso de inversiones proyectadas para puestos de salud en los que ni siquiera se contaba con los predios en que se construirían o inversiones con materiales deficientes en escuelas de la ciudad. El resultado es que esa plática se perdió sin mejorar la condición económica y social de nuestros conciudadanos más necesitados.
Mejorar el gasto para superar pobreza exige un esfuerzo de priorización inteligente pues los recursos son insuficientes, pero además es preciso plantearse una reforma institucional profunda que permita superar inequidades revisando el régimen fiscal de la ciudad en asuntos relevantes como ciertas exoneraciones que no han demostrado impactos de equidad como lo han expuesto profesores como Fredi Goyeneche o Dewin Pérez, actual Secretario de Hacienda. Pero además la estructura administrativa debe ser renovada, pues la que nos rige es de principios de la década del 2000 y acusa ineficiencia. Sin un diseño institucional moderno no contaremos con la palanca que nos permita las transformaciones. El discurso oficial no ha sido suficientemente claro al respecto y existen inquietudes, como es el caso de determinar con claridad cuál será la entidad que se encargará de la formulación y ejecución de macro proyectos pendientes como el traslado de Bazurto, el Plan de Drenajes Pluviales o los planes parciales de la zona suroriental o la recuperación del Cerro de la Popa. El alcalde Dau ha dicho que a cada proyecto le asignara una OPS a manera de gerencia, lo cual sería un error, en nuestra modesta opinión, pues la complejidad de esas iniciativas amerita una fuerte institucionalidad.
Lo cierto es que nuestros paisanos más humildes no dan espera.