El Gobierno Nacional expidió el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para implementar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la administración de justicia y para agilizar los procesos en las especialidades civil, laboral, familia, lo contencioso administrativo, constitucional y disciplinaria.
Adicionalmente, el decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este.
En este decreto, firmado por el Presidente Iván Duque Márquez y los 18 ministros del gabinete, se ordena la utilización de las TIC en la gestión y el trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, pero también para proteger a los servidores judiciales y a los usuarios.
En tal sentido, se “utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias”.
Como consecuencia del uso de las tecnologías, “las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.
La norma específica que adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las TIC.
“Las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos”, reza un aparte del decreto.
Además, la norma, a través de sus 16 artículos, contiene cómo tramitar mediante el uso de las TIC lo correspondiente a las demandas, apelaciones, notificaciones, poderes, audiencias en materia civil, laboral, familia y lo contencioso administrativo.
Finalmente, asevera que todas estas disposiciones buscan garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, defensa y seguridad jurídica de las partes y además el derecho a la salud de los servidores judiciales y de los usuarios de justicia, “porque evitará situaciones en las que se torne imposible el ejercicio de 105 derechos y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento”.