La exsecretaria General de la Alcaldía, Martha Seidel Peralta, desestimó los señalamientos hechos durante la segunda entrega del denominado Libro Blanco por Diana Martínez Berrocal, quien está al frente de esa dependencia en la administración actual.
Con relación a los costos de los contratos de aseo y vigilancia, Seidel Peralta aclaró que se hicieron procesos de licitación pública, mientras que la actual administración realizó proceso administrativo vía Bolsa Mercantil. Sostuvo que la comparación debe ser objetiva con relación al número de servicios contratados, toda vez que estos servicios son regulados.
Así mismo, precisó que los costos del servicio de vigilancia van acorde a lo que establece la Superintendencia de Vigilancia, por lo que asegurar que hubo sobrecostos, es infundado.
Por su parte, el objeto de contratación del Grupo Empresarial de Servicios Profesionales ESP no estaba asociado a la gestión de servicios públicos domiciliarios, pues éste hacía parte de la estrategia de atención al ciudadano SIGOB, que nada tenía que ver con el programa Servicios Públicos para la gente, por lo que las aparentes relaciones expuestas no tienen potencialidad para generar conflicto de intereses con otras contrataciones en materia de servicios públicos domiciliarios efectuadas en el 2019. “Cabe resaltar que esta misma empresa había desarrollado objetos contractuales similares con el Distrito de Cartagena en la vigencia 2014 y que la implementación de esta contratación respondió a una acción de mejoramiento a raiz de un acompañamiento de la Personería Distrital, pues el Distrito se encontraba incumpliendo la forma de notificación contenida en la Ley 1437 de 2011 para actos administrativos, la cual no se puede hacer mediante el envío de comunicaciones por medio de mensajeros, como lo expuso Martínez Berrocal”, dijo.
“Tampoco es acertado señalar que las decisiones relacionadas con las empresas de servicios públicos eran adoptadas por dicha firma contratista, puesto que como se deriva de su objeto, lo que esa empresa realizaba era el proceso de notificación conforme al Código Contencioso Administrativo de las decisiones adoptadas por el Distrito. Y durante la vigencia de dicho contrato ninguna de las decisiones notificadas tuvo relación con ese tipo de empresas, ya que con éstas se suelen celebrar actos bilaterales o comunicaciones que no eran susceptibles de notificación, sino que eran realizadas por los mensajeros, tal y como también lo mencionó Martínez Berrocal”, explicó.
Con respecto a las Representaciones Legales, Seidel Peralta indicó que no tiene asidero lo expuesto por la Secretaría Diana Martinez, puesto que los representantes de las entidades son los siguientes:
GESTINORTE
Representante Legal: LUIS FERNANDO MONSALVE
JURISERVCO
Representante Legal Principal : JAIRO OQUENDO
“En cuanto al staff de abogados, en las propuestas presentadas no se observó que el personal propuesto tuviese coincidencia entre dichas empresas, ni tampoco que personal contratado por el Distrito de Cartagena estuviera reseñado dentro del equipo del proponente, en especial el que pudo haber intervenido dentro de los procesos de contratación. Reiteramos que no puede plantearse conflicto de intereses entre contratistas que fueron contratados para la gestión de atención al ciudadano con aquellos que hicieron parte de los objetivos en materia de servicios públicos domiciliarios, pues son asuntos totalmente disimiles. Aún así no existen las situaciones planteadas, puesto que no coinciden los representantes inscritos en el Registro Mercantil, ni el personal propuesto en sus ofertas, que finalmente es la información oficial con que cuenta el Distrito de Cartagena al momento de contratar y de las cual se pueden hacer las conjeturas pretendidas”.
También se refirió a la contratación de la empresa Consorcio Maestro, y advirtió que las actividades asignadas a la misma, en casi todas las oportunidades, fueron otorgadas no sólo a una empresa, sino a varias, entre ellas PACARIBE S.A.E.S.P., como fue el caso de las limpiezas de canales y mercados públicos. Gracias a la limpieza de canales, el año anterior no se presentaron inundaciones en los barrios de Cartagena. Adicionalmente, dicha contratación se hizo mediante convocatorias públicas, en las que se invitaban a otras empresas como, como Bioger S.A.E.S.P., Metroaseo S.A.E.S.P., entre otras.
“En cuanto a los 2 contratos celebrados en el 2018 y 2019 con la empresa Consultoría y Servicios Jurídicos y Comerciales S.A.S. , estos fueron celebrados mediante concursos de merito, atendiendo las instrucciones de Cardique, Personería Distrital y la Procuraduría Ambiental, para delimitar, determinar y diagnosticar las áreas estratégicas para acueducto, inversiones que anualmente exigen la ley 99 de 1993 y 1450 de 2011, permitiendo tener todos los estudios necesarios para el mantenimiento y adquisición de estos ecosistemas. En el año 2019 dichos estudios recayeron sobre el sistema lagunar de Juan Gómez y en el 2018 en acuífero de Arroyo Grande, de allí la similitud de las actividades que recaía en ecosistemas diferentes. El contratista seleccionado acreditó la experiencia y el personal necesario para cumplir con las exigencias de los respectivos procesos de concurso de merito. Las observaciones realizadas por la Procuraduría Ambiental en el 2019 fueron dirigidas a la inclusión de actividades en el objeto de la Consultoría, lo que produjo una suspensión del proceso de contratación, el cual fue retomado haciendo las inclusiones solicitadas por el Ministerio Público”.
Así mismo, con respecto a la ejecución de recursos del PGIRS, Seidel Peralta agregó: “Las contrataciones hechas responden estrictamente a las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo, las cuales fueron reiterativamente requeridas por el Ministerio Público y la CARDIQUE. Todos los diagnósticos fueron entregados a la Secretaria General entrante. En cuanto a las acciones de limpieza contratadas, los informes fueron rendidos por la Supervisión del Servicio de Aseo, a quien bien podían solicitarles nuevamente los soportes de ello. Además del ingreso de los residuos quedan registros en el relleno sanitario que es de la Alcaldía de Cartagena y éste puede acceder a dicha información”.
“En ese orden de ideas, tenemos que de la gestión hecha durante el 2018 y 2019 en materia de servicios públicos, no puede decirse otra cosa sino que fue intensa y provechosa para la ciudad, y que se espera que la nueva administración sepa darle el cauce necesario a la gama de temas que finalmente componen el sector que mide lo realmente esencial en la calidad de vida de los ciudadanos cartageneros, de forma que prime el bienestar de la comunidad sobre las ansias de hacer espectáculos mediáticos, para alimentar la sed de desprestigio de una administración que hoy es perseguida sin garantía de sus derechos fundamentales, comportamiento que puede significar un grave retroceso sobre lo logrado. Recordemos que no es acertado generalizar condiciones reprochables de todos los funcionarios, ni de todos los asuntos que fueron atendidos, puesto que en casos como el que acabamos de exponer, se superaron con creces las expectativas del cuatrienio, Adicionalmente, se garantizó la selección objetiva en procesos contractuales públicos y abiertos en los cuales primó la experiencia y la idoneidad; y que han contado con los controles legalmente establecidos superándolos de forma satisfactoria”.