Por Danilo Contreras (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 10 de abril 2021.- Hasta donde alcanza mi menesterosa memoria, la última modificación de la estructura administrativa del Distrito se llevó a cabo en la administración del Alcalde Carlos Díaz, hace casi dos décadas. Mucha agua ha corrido bajo el puente y las exigencias sociales, económicas, políticas y ambientales acusan cambios vertiginosos y dramáticos.
Luego de aquella reforma, en la administración de la alcaldesa Judith Pinedo se planteó una restructuración que pretendió adecuar el diseño institucional del gobierno a los requerimientos de los tiempos. Sin embargo, dicha reforma no fue acogida por el Concejo Distrital. Sobre ese mismo proyecto se trabajo en la efímera administración del fallecido Campo Elías Teherán y entiendo que el asunto ha tenido cierta reactivación en el gobierno William Dau, pero es solo una impresión pues no se han conocido mayores detalles de la labor que se adelanta al respecto.
Al viejo Arquímides de la antigua Grecia se le atribuye la celebre frase: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. En el caso de la administración pública ese punto son las instituciones que permiten la ejecución de las políticas, programas y proyectos de desarrollo de la ciudad.
Muchos analistas han insistido en las deficiencias de la capacidad de ejecución de las entidades locales. Jaime Bonet en varios documentos del Banco de la República ha expresado que las posibilidades presupuestales de la hacienda local se han mantenido estables incluso en periodos de interinidad política, pero la capacidad de ejecución del presupuesto es precaria. Un ejemplo de esa precariedad, por solo aducir uno de tantos casos, es Edurbe que en el papel tiene asignadas tantas labores estratégicas.
Así las cosas, no está en cuestión la necesidad transformar la arquitectura institucional del Distrito para hacerlo más funcional frente a los desafíos que propone la pandemia, la pobreza y el cambio climático, entre otros retos.
Por eso causa inquietud que la reforma administrativa no esté en la primera línea de las prioridades del gobierno. Sin entidades modernas y flexibles no serán posibles las obras necesarias y menos los macro – proyectos represados desde su formulación en el POT vigente.
Ante ese vacío sectores privilegiados en el orden político, social y económico que históricamente han concebido y ejecutado el desarrollo que nos ha traído a la menesterosa situación actual, se han adelantado e incluso, han utilizado la ausencia de una concepción clara del Estado y de las ideas políticas que acusa el alcalde William Dau, para imponer una nueva fórmula que les garantice el dominio sobre la proyección de las más importantes iniciativas que Cartagena reclama con urgencia.
Ese es el valor estratégico que tiene el fondo para la erradicación de la pobreza extrema en Cartagena y su Junta Directiva, a la cual la ley 2038 de 2020 atribuye facultades exorbitantes relacionadas con la identificación, diseño, aprobación, ejecución, seguimiento, control y liquidación de toda la política pública relativa a la superación de la pobreza y la adaptación de la ciudad al cambio climático; mejor dicho, todo lo que implica el modelo de desarrollo de la ciudad. Y lo harán contratando mediante régimen de derecho privado, vale decir, prácticamente a dedo por un periodo inicial que va a 2033 pero prorrogable por una década más, conforme a unas arandelas que trae la ley.
El fondo y su Junta directiva destruyen la autonomía territorial y la participación de las fuerzas sociales de la ciudad que siempre han sido excluidas y segregadas, en un contexto en donde, verbigracia, la Ciénaga de la Virgen, un gran patrimonio ambiental de la ciudad, esta siendo desecada, entre otras razones, por el cerramientos de las bocas naturales que la comunicaban con el Mar Caribe, por cuenta de la ilegal construcción de complejos hoteleros que pertenecen a algunos de los actores que han impulsado la ley. Vaya paradoja. Quienes depredan son los llamados a proveer soluciones.
Por el momento esa empresa parece enervada, pues sus promotores no han tenido éxito en la reglamentación de la ley. En efecto, el término de seis meses que vencía el 27 de enero de 2021, conforme el artículo 9º del referido articulado, se cumplió sin que se conociera el reglamento. Posteriormente el Ministerio de Hacienda le sacó el cuerpo a expedir el decreto de implementación y remitió el tema al Departamento para la Prosperidad Social y este ha guardado silencio respecto al reglamento que por sí y ante sí, como sucedió con la ley, elaboró el senador Fernando Araujo Rumié.
Pese a ese enigmático silencio, los sectores populares y comunales representados en el Comité que impulsa la consulta popular “No a la ley del despojo”, cuya finalidad es lograr que la ciudadanía diga si esta de acuerdo o NO con que sea la junta que manejará el fondo, la que determine las políticas de superación de pobreza y cambio climático en Cartagena, siguen atentos y trabajando en un proceso pedagógico y organizativo en los barrios populares, que permita presentar alternativas al modelo que encierra la ley 2038.
Tal es la devastación que sufrirá la autonomía territorial en la ciudad y su sometimiento a intereses particulares, que en el proyecto de reglamentación presentado ante el Ministerio de Hacienda se lee que, por ejemplo, los dos aportantes privados que harán parte de la Junta se elegirán mediando invitación directa de la propia junta o del director ejecutivo del Fondo. O sea “yo con yo”. Lo que no queda claramente determinado es el monto del aporte para hacer parte de este selecto club.
Se determina además que en el caso de que el Distrito y en consecuencia el Alcalde Distrital, sea quien se constituya en “Entidad Ejecutora” del Fondo, este, vale decir, el Alcalde, deberá rendirle informes a la omnipotente Junta Directiva sobre la ejecución de los programas, conforme se lee en el numeral 4º del artículo 9º del proyecto de reglamento que presumimos elaboró el senador Fernando Araujo Rumié. En términos prácticos, el alcalde se gana un nuevo jefe, o más bien, se ratifican los actuales que son quienes agencian y mueven el modelo de desarrollo de Cartagena.
Esa es la reforma institucional que está en ciernes, a falta de la que ha debido presentar el ejecutivo Distrital ante el Concejo.
