Cartagena de Indias, 11 de enero de 2023.- El comienzo de este año electoral es propicio para que se postulen nombres para cargos de elección popular, como sucede en Arjona con la exalcaldesa Esther María Jalilie, a quien «coincidencialmente» le surgió un pliego de cargos de la Procuraduría por hechos de 2018, es decir, cinco años después.
La sorprendente velocidad del ente de control se debe a un presunto incumplimiento en el ejecución del PAE de hace cinco años.
La entidad expidió este comunicado:
Bogotá, D.C, 11 de enero de 2023 (@PGN_COL). La Procuraduría formuló pliego de cargos a la ex alcaldesa de Arjona, Bolívar, Esther María Jalilie García, presuntamente, por incumplimientos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar- PAE- para la vigencia 2018.
Las indagaciones del Ministerio Público dan cuenta que la exmandataria local, al parecer, omitió funciones propias de su cargo, como ordenadora del gasto, al contratar, tardíamente, al operador para la entrega de las raciones alimentarias en los planteles educativos oficiales del municipio.
“La exalcaldesa incurrió en una falta disciplinaria al omitir el deber de suscribir oportunamente el contrato para la ejecución del programa PAE en concordancia con el inicio de la jornada escolar”, advierte la Procuraduría.
De acuerdo a lo establecido, el contrato del paquete alimenticio debería haber entrado en vigencia desde enero 22 de 2018 cuando inicio el cronograma estudiantil, pero entró en funcionamiento 5 meses después, es decir, 5 de junio de 2018.
En concepto del órgano de control, la exmandataria, al parecer, no planificó con antelación la contratación del operador incurriendo, presuntamente, “en desconocimiento del principio de responsabilidad que regula la contratación estatal y la función pública, con lo cual ve comprometida su conducta con una posible responsabilidad disciplinaria”.
En los requerimientos hechos por la Procuraduría, la exalcaldesa aseguró que la tardanza obedecía a la falta de presupuesto cuando ya se tenía aprobado un rubro de $ 510.880.760 pesos.
Considera el despacho que “la conducta desplegada por la exalcaldesa se califica de manera provisional como una falta a título de culpa grave”.
