Por Ambrosio Fernandez (Especial para Revista Zetta).- Cartagena no es solo un destino turístico: es una economía que vive, respira y depende del turismo. Más del 35% del empleo local está directa o indirectamente ligado a esta actividad, y el turismo representa cerca del 40% del PIB de la ciudad, según cifras de gremios y entidades locales. Cualquier decisión normativa que afecte este sector no es un asunto menor: es una decisión que impacta miles de hogares y condiciona el futuro económico de la ciudad y su estabilidad social.
Por eso preocupa profundamente el borrador de decreto del Gobierno Nacional que endurece de forma abrupta las condiciones del Registro Nacional de Turismo (RNT). Una medida que, aunque se presenta como un mecanismo de ordenamiento y formalización, corre el riesgo de convertirse en un golpe directo a la base del ecosistema turístico cartagenero, especialmente en un momento de recuperación, alta competencia regional y fragilidad económica para pequeños operadores.
Cartagena cuenta con más de 18.000 prestadores turísticos registrados, muchos de ellos pequeños: viviendas turísticas, guías locales, operadores de experiencias, hostales y emprendimientos familiares. Endurecer los requisitos, aumentar la carga documental y eliminar la lógica de confianza y control posterior puede empujar a miles de estos actores hacia la informalidad o, peor aún, fuera del mercado formal.
El turismo en Colombia aporta alrededor del 4% del PIB nacional y genera más de 1,4 millones de empleos. En ciudades como Cartagena, Santa Marta o San Andrés, su peso es aún mayor. En ese contexto, regular sin una transición clara, sin acompañamiento técnico y sin diálogo real con los territorios no solo es una forma peligrosa de legislar, sino una señal equivocada para la inversión privada, el empleo y la competitividad del país en un entorno global cada vez más exigente.
Mientras otros países del Caribe y Centroamérica compiten por atraer turistas con reglas claras, trámites simples y entornos favorables para la inversión, Colombia parece optar por el camino contrario: más barreras, más incertidumbre y más burocracia. El resultado previsible no es mayor formalidad, sino menor competitividad, menor oferta turística y menor recaudo fiscal.
La formalidad no se impone por decreto; se construye con incentivos, confianza y reglas proporcionales a la realidad del mercado. Ignorar la voz de los territorios y castigar al pequeño prestador es una receta conocida, y siempre termina igual: más informalidad y menos control real.
El turismo necesita reglas, pero también sensatez, gradualidad y diálogo con quienes sostienen la actividad. Gobernar un sector estratégico exige escuchar antes de imponer, corregir antes de sancionar y comprender que cuando se debilita un sector, no pierde un gremio, también pierde el empleo y también pierde el país.
