Por Luis Eduardo Brochet Pineda (Especial para Revista Zetta). Cartagena de Indias, 24 de abril de 2026.- El próximo jueves 30 de abril se cumplen 42 años del magnicidio del ministro RODRIGO LARA BONILLA, de manos de un niño sicario entrenado por la mafia terrorífica de Pablo Escobar Gaviria y toda aquella cohorte de narco terroristas que aún asolan la seguridad y las instituciones del Estado. Bajo la presidencia del doctor Belisario Betancur Cuartas, aquella noche aciaga fue el inicio de un período cargado de violencias, homicidios, magnicidios, mafias infiltradas en la política y en el gobierno; un ciclo de impunidad, prevaricatos, corrupción judicial y dejación de justicia que sigue vigente; permeando progresivamente la seguridad democrática de nuestro país, como también, diría yo, tomando serios ribetes de normalidad o normalización, sin ninguna consecuencia.
Cinco años más tarde, el 18 de agosto de 1989, fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, el caudillo liberal LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, virtual presidente de Colombia en plena campaña electoral, de manos de otros sicarios del denominado “Cartel de Medellín” bajo complicidad de funcionarios, fuerza pública y políticos, en un acto criminal profusamente advertido, pronosticado, recreado e ilustrado por los diferentes medios de comunicación y la inteligencia nacional e internacional.
El 2 de noviembre de 1995, caía bajo las balas asesinas ALVARO GÓMEZ HURTADO, al salir de sus labores docentes en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. El gran líder conservador y creador del movimiento SALVACIÓN NACIONAL, fue blanco de la guerrilla fariana, presuntamente, por su fuerte oposición al régimen de la época, las denuncias alrededor del “Proceso 8000” del presidente Ernesto Samper y sus tentáculos con las mafias narcotraficantes, como también sus reiteradas denuncias contra la corrupción y la delincuencia de cuello blanco al interior del gobierno. Sin embargo, también existe la tesis fundada sobre la posibilidad de un crimen de Estado, fraguado por el establecimiento político en connivencia con los carteles de la droga.
El 11 de agosto del pasado año fallece MIGUEL URIBE TURBAY, joven precandidato visible del CENTRO DEMOCRÁTICO, uno de los dos partidos políticos verdaderamente de oposición al actual gobierno, por causa de otros oscuros hechos de sicariato juvenil que aún siguen sin despejarse. En días pasados, gracias a la notificación roja de Interpol, se ha detenido en Buenos Aires al presunto delincuente Brayan Cruz Castillo, quien habría participado en la logística de este último magnicidio y se espera su pronta extradición a Colombia.
Esta corta remembranza magnicida en el último medio siglo de vida republicana de Colombia, no incluye las matanzas de concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores, líderes comunitarios y ciudadanos del común; ni tampoco incluye los hechos de aquel noviembre negro de 1985, cuándo el grupo terrorista del M-19, hoy amnistiado y en el gobierno, masacró y ajustició a más de cien personas en el Palacio de Justicia, entre ellas, la magistratura completa de la Corte Suprema de Justicia, por orden y encargo del cartel mafioso de Pablo Escobar Gaviria, en un hecho criminal de lesa humanidad que marcará la historia política de nuestro país por los próximos siglos, para verguenza de las futuras generaciones.
En este punto cabe preguntarse, independientemente si estamos frente a un sistema penal inquisitivo o acusatorio; si derogamos la Constitución Política de 1886 por la populista de 1991; si amnistiamos a criminales y les dimos todo el estatus de ciudadanos y de civilidad posible; independientemente si en los dos últimos “procesos de paz” hemos sacrificado los principios básicos de un Estado de Derecho Constitucional, para favorecer a terroristas, otorgarles representación política o entregarles patentes de corso para extorsionar y someter a poblaciones enteras en busca de votos para el corrupto régimen comunista – progresista… en fin, por eso y más, cabe preguntarse: ¿Porqué, salvo contadísimas excepciones, no hay pronta y debida justicia; porqué nunca la responsabilidad penal se concreta en los cómplices, determinadores o autores intelectuales; porqué se precluyen miles de investigaciones favoreciendo al criminal y engordando la impunidad; porqué las noticias criminales son el pan de cada día, de forma pública y notoria, y no existe una sola investigación de oficio de la Fiscalía; porqué se soslayan y se burlan los procesos al interior de la Comisión de Acusación o de la Procuraduría o del Consejo Superior de la Judicatura y nunca pasa nada? ¿Qué clase de sistema democrático y político echó raíces en Colombia? ¿Qué clase de gobierno proclive al delito aceptamos hoy, como legítimo?
Los gobiernos déspotas, corruptos y autoritarios, se caracterizan por dos posiciones hacia el sistema de justicia: tildar a fiscales, jueces y magistrados de “enemigos del pueblo” que han de ser reemplazados por otros afectos al régimen; y segundo, amenazarlos directamente con destitución o muerte, si no acceden a las pretensiones ilegales del dictador de turno.
Cuando un ministro declara que se siente “orgulloso de haber pertenecido al grupo terrorista M-19”, o cuando una alta funcionaria confiesa en los diferentes medios de comunicación televisivos, que “Ellos saben que van a perder la presidencia y van a robar lo que más puedan estos últimos meses porque allá, en la Casa de Nariño, hay una empresa criminal”, todo está dicho.
Personalmente creo que este entuerto solo lo enderezaría la presidencia de Abelardo de la Espriella y un equipo de trabajo ético, tecnócrata y jurisconsulto.
