Por Reynaldo Tovar Carrasquilla (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 21 de agosto de 2026.- El recientemente «Libro de la Verdad» entregado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella constituye la radiografía más devastadora del descalabro institucional, ético y financiero en el que la administración anterior entregó el país. Este documento no es solo un informe de empalme; es un expediente de indignación nacional que expone una crisis fiscal sin precedentes, un tejido social asfixiado por la pobreza y el abandono, y un deterioro generalizado de la seguridad y la infraestructura.
Cada capítulo revela cómo las arcas públicas fueron saqueadas, dejando al Estado al borde de la insolvencia y comprometiendo el futuro de los sectores más vulnerables, lo que obliga a una acción penal inmediata para que los responsables paguen por este desastre histórico.
Es imperativo advertir que en este documento no abarca en su totalidad el desfalco y la crisis provocada en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, una limitación que responde estrictamente a la ausencia de balances financieros reales y el desorden administrativo deliberado que dejó el gobierno anterior para ocultar el desastre.
Esta falta de información técnica inicial deja aún en la sombra la asfixia económica del modelo de aseguramiento, donde la siniestralidad de las EPS intervenidas escaló a un crítico 117.8% (gastando 117 pesos por cada 100 recibidos). El desequilibrio financiero es destructivo: el sistema acumula pasivos por $29,6 billones frente a activos de solo $18,1 billones, y el patrimonio negativo del sector se hundió históricamente hasta los -$11,4 billones de pesos. A esto se suma el hallazgo reportado por la Super Salud de $1.4 billones de pesos robados mediante facturaciones fraudulentas a personas fallecidas, junto con más de $2 billones en sobrecostos de medicamentos.
El colapso del sistema no solo representó una pérdida multimillonaria, sino una catástrofe humana que costó la vida de miles de colombianos por la falta de atención, medicamentos y tratamientos oportunos, que provocó que el gasto de bolsillo en salud de los estratos 1 y 2 se disparara en un 65%, forzando a los ciudadanos a endeudarse para acceder a medicamentos esenciales.
A pesar de este panorama de tierra arrasada, el presidente De la Espriella ha demostrado una determinación inquebrantable y una clara disposición para liderar la reconstrucción de una nación que recibió siniestrada y en ruinas. Su voluntad política para levantar el país desde los escombros institucionales se asemeja al titánico desafío material con el que su administración asume hoy el «Plan Milagro» de reconstrucción.
El reciente y devastador terremoto provocó pérdidas estimadas preliminarmente en cerca de $40 billones de pesos, lo que representa el 2,16% del PIB nacional. El saldo consolidado de la tragedia material arroja al menos 2.965 casas colapsadas, 6.998 averiadas, 328 instituciones educativas afectadas y daños severos en infraestructura vial y de salud en regiones como Armenia, Quibdó y Pereira. Se estima que recuperar estas zonas demorará entre cinco y seis años; una tarea titánica que el mandatario ha prometido ejecutar con la misma transparencia y rigurosidad que aplicará para reconstruir las finanzas del Estado.
Finalmente, es imperativo felicitar al pueblo colombiano, cuya desbordante solidaridad y hermandad brillaron en medio de la tragedia del sismo, demostrando la grandeza de nuestra sociedad. No obstante, esa misma fuerza colectiva debe transformarse ahora en un compromiso firme de control social.
Ante tal infamia, es hora de exigir una justicia inmediata y sin dilaciones a la Comisión de Acusaciones, a las altas cortes, al sistema judicial y a todos los órganos de control.
La ciudadanía no puede ser indiferente: se requiere la judicialización y el castigo severo para los responsables del descarado robo del gobierno anterior, así como para quienes, por acción u omisión, fueron cómplices desde la más alta esfera del estado, en la muerte de miles de compatriotas como el menor Kevin Acosta, cuyos nombres hoy claman por verdad y reparación frente a crímenes que no pueden quedar en la impunidad.
Reynaldo Tovar Carrasquilla
Abogado, empresario y activista social
