El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, reaccionó a la decisión de la Contraloría General de la República de embargar parte de su sueldo en un proceso de responsabilidad fiscal por $980 millones.
En un comunicado señaló que “en esta oportunidad se da a conocer una información que incluso debería estar bajo la reserva del proceso” al aludir a la solicitud de pruebas que ha hecho y que el han sido negadas.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal solidaria por un poco más de $980 millones de pesos ($980´223.199) contra el Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini; el entonces Secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada Meola, y la Diócesis de Magangué, por el presunto detrimento patrimonial que produjo la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por $14.886 millones (contrato de No. 276 de 2013) suscrito entre la Gobernación y la Diócesis.Como medida cautelar, la CGR embargó el sueldo del Gobernador Juan Carlos Gossaín y 10 inmuebles de propiedad de la Diócesis de Magangué.La CGR programó Audiencia Verbal de Descargos, dentro de este proceso, para el próximo 30 de julio, a las 9:00 a.m., en la sede de CGR en Cartagena.
El presunto daño patrimonial se originó en varias irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios educativos que suscribió la Gobernación con la Diócesis en 2013.
El comunicado es este:
Comunicado a la opinión pública
Con relación a las presuntas irregularidades que según la Contraloría General de la República originan la imputación de cargos por responsabilidad fiscal por un total de $980.223.199 el Gobernador de Bolívar comunica a la opinión pública lo siguiente:
- Hasta ayer lunes 6 de julio el Tesorero de la Gobernación de Bolívar recibió comunicación de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, solicitando como medida cautelar el embargo de la quinta parte del sueldo del Gobernador dentro de un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta esta entidad.
- Según señala el auto que dicta la mencionada medida, esta debía ser notificada en Estrado el día 30 de julio, fecha en que se va a realizar la Audiencia del proceso que adelanta la Contraloría; por ello llama la atención que se haya hecho tal notificación a través de un comunicado de prensa dirigido a los medios de comunicación.
- Este proceso se deriva del informe de auditoría dado a conocer hace unos cuatro meses, sobre supuestos hallazgos por 25 mil millones de pesos; en este momento solo se apertura un proceso por poco más de 980 millones de pesos. Con respecto a los demás hallazgos se ordenó iniciar una indagación preliminar, lo que quiere decir que no habían elementos de juicio suficientes que permitieran elevar hallazgos, y por eso se deben revisar mejor los hechos y elementos analizados por la comisión auditora. Este es un proceso que apenas inicia y el Gobernador hará uso de todos los mecanismos y pruebas para hacer valer sus derechos.
- El Gobernador ha solicitado desde hace varios meses, y por escrito, los audios de la Sala en donde se tomó la decisión de elevar los hallazgos, y hasta la fecha se ha negado el acceso a estos archivos. Sin embargo, en esta oportunidad se da a conocer una información que incluso debería estar bajo la reserva del proceso.
- Finalmente confiamos que dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se respeten los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del Gobernador de Bolívar.