Incoherente es el adjetivo que mejor describe el polémico fallo emitido en primera instancia por la Procuraduría para sancionar a ocho diputados del periodo 2012-2015 por votar un proyecto de ordenanza que creaba un cargo en la Contraloría Departamental.
“Fallo político” y “selectivo” fueron otros de los calificativos que denotan la ilógica que encarna el fallo, que ya fue apelado y por lo tanto queda en suspenso, es decir, cuyas sanciones aun no son aplicables.
A Carlos Feliz Monsalve, actual Secretario del Interior de Bolívar, y al veteranísimo Andrés Ricarute Armesto los suspenden por seis meses por haber conformado la comisión que estudió el proyecto.
A Jorge Rodríguez Sosa lo suspenden cinco meses por haber ejercido como Presidente de la Asamblea en el momento de tramitarse el proyecto.
Por simplemente haber votado el proyecto recibieron sanción de dos meses José Utria, actual subgerente de Corvivienda, Sigifredo Tapia, Emilia Rosa López, Colombia Aduén, Orieta Vásquez.
Nadie entiende las razones que arguyó la Procuraduría para no advertir ninguna incorrección en otros diputados que también votaron la polémica ordenanza.
De Luis Padilla, actual secretario de Salud de Bolívar y dos veces alcalde de Achí, lo mismo que de Miguel Cuéter, se predica su escaso conocimiento del tema. La esposa de Padilla trabaja en la Procuraduría.
De igual forma, se salvan de sanción Andrés Montes, sobrino de exsenador William Montes; José Félix García Turbay, hermano del senador Lidio García Turbay y primo del gobernador Dumek Turbay, y Víctor Mendoza, hermano del concejal Edgar Mendoza.
El único que no fue procesado fue Norbey Torres, quien no asistió a las sesiones donde se estudió y aprobó la ordenanza.
“Es el fallo más loco que he visto”, dijo un abogado consultado, quien se sorprendió por los diferentes criterios con los que una misma conducta es evaluada.