Pescadores artesanales que ejercen habitualmente su labor en las playas de Bocagrande y el gobierno de Primero la Gente, lograron un acuerdo este jueves para que la implementación del sistema de boyas en este sector, no se convierta en impedimento para la faena de la pesca.
Tras una reunión celebrada en la Defensoría del Pueblo, los pescadores aceptaron que la distancia entre los boyarines instalados se amplíe entre 80 y 120 metros, lo que permite que ellos puedan ejercer su actividad tal y como la vienen desarrollando desde hace 50 años, garantizando así su derecho al trabajo y su mínimo vital.
El proyecto inicialmente contemplaba la instalación de boyarines a una distancia de 50 metros entre los mismos, razón por la que los pescadores levantaron su voz de protesta argumentando que a esa distancia no podían llevar a cabo su actividad pesquera.
También se acordó llevar al Comité de Playas una serie de inquietudes que ellos plantearon, a fin de buscarles las soluciones requeridas.
A esta reunión asistieron, el director de Distriseguridad, José Ricaurte, la defensora del pueblo regional Bolívar Irina Junieles, el Capitán del Puerto, el jefe de Parque Nacional Natural Corales del Rosario, el coordinador de víctimas de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Corpoturismo, representante de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), quienes respaldaron la propuesta del gobierno distrital mediante la cual se consiguió la conciliación de las partes.
Por su parte, los pescadores, hoy aliados y empoderados del proyecto, recibieron con beneplácito haber hallado una solución donde no se ven afectados ni impedidos para seguir con su tradición que viene de generación en generación.
La defensora del pueblo regional Bolívar, Irina Junieles, manifestó que este acuerdo va a significar un avance en el proyecto de reglamentación de playas que requiere toda la ciudad, y por encima de eso, va a significar un respeto entre las comunidades étnicas de pescadores que desarrollan su actividad tradicionalmente en este lugar.
“Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, hemos venido advirtiendo la importancia de estos proyectos que se desarrollan en Cartagena, y la necesidad urgente de que cuenten con la mirada de quienes han vivido aquí toda la vida y de quienes continuarán viviendo que son cartageneros. En esa materia, el ejercicio de la participación como hemos hecho hoy, en donde los acuerdos han permitido que las comunidades puedan aportar con su conocimiento y experiencia a la construcción de las soluciones, es fundamental para construir democracia”, enfatizó.