Se trata del proyecto de ley 87 de 2016 que busca inhabilitar a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales a menores de edad, para ejercer cargos de contacto directo con niños; de esta manera se pretende protegerlos en escenarios como colegios, espacios recreativos y otros que representen un riesgo de posible interacción con abusadores.
Adicionalmente se contempla la creación de un registro coordinado entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para tener una base de datos personales de quienes estén inhabilitados para este tipo de cargos, de esta manera existirá una sección especial en el certificado de antecedentes judiciales para consulta reservada de las entidades públicas o privadas.
De acuerdo con datos del Instituto de Nacional de Medicina Legal, aproximadamente cada día en el país 39 menores son víctimas de abuso sexual, así mismo, el Instituto Nacional de Salud reportó para el primer semestre de 2015, un total de 7.155 casos de niños y niñas abusados sexualmente en el país.
“Se ha visto que las personas que cometen delitos sexuales pueden reinicidir con facilidad y cuando hablamos de menores de edad, tenemos que asegurarnos de no exponerlos ante esta clase de peligros en entornos como el colegio. Esta iniciativa se enfoca en eso, en proteger los derechos de los niños y contribuir a que cada vez sean menos las cifras de violencia, especialmente aquella que cambia sus vidas para siempre, el abuso sexual”, señaló la senadora autora Nadia Blel.
Países como Estados Unidos, Canadá y algunos latinoamericanos como Chile han creado mecanismos de protección especial a los menores frente a abusadores condenados. Cada uno de ellos ha establecido la forma de evitar el contacto de niños con abusadores condenados a fin de no exponer a posibles nuevos abusos.