Luis Daniel Vargas Sánchez (Especial para Revista Zetta).- Desde hace muchas décadas, quienes nacimos y crecimos en medio del conflicto armado, hemos escuchado y leído que la guerra se lleva los recursos de la educación, pero ¿qué dice el Acuerdo Final en relación con la educación?
Empieza “Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolecentes, las comunidades afrodecendientes y otros grupos étnicamente diferenciados…Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional,…”.
“El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental…La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad”.
Estos dos enfoques, derechos fundamentales y territorialidad, sitúan en un marco de responsabilidades a las autoridades y de compromisos a las comunidades que no podemos eludir.
Dentro de los Planes Nacionales para la Reforma Integral, cuyo objetivo central está la superación de la pobreza y la desigualdad, el gobierno nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural, cuyos propósitos serían el de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad, la pertinencia y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los jóvenes, acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, establecer modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, ampliar la oferta y capacitación técnica, tecnológica y universitaria, planes y criterios que no solo son aplicables a la educación rural, sino a la educación que se brinda en las ciudades y municipios de la Región Caribe.
La calidad de vida de los habitantes de la Región Caribe se ha venido deteriorando, según algunos indicadores, el porcentaje en Pobreza Multidimensional fue de un 31.2%, el segundo peor registro, solo superado por la Región Pacifica con un 33.8% y muy distante de la media nacional (20.2%)(DANE 2016).
Consecuencia de esta realidad son los resultados en el sector educativo, tenemos una tasa de analfabetismo, en La Guajira (32.6%) la más alta en el país, muy superior al nivel nacional (9.1%), y una tasa de cobertura en educación básica y media por debajo del promedio del país (96.7% y 43.8%), frente a una cobertura bruta nacional de 98.35% (DANE/MEN, 2014).
Es el momento para darle un vuelco al sistema educativo a fin rescatar los principios y valores esenciales a la persona, la calidad educativa, la inclusión, la superación de la pobreza, amen de los criterios planteados en el Acuerdo Final, podemos empezar con terminar de una vez por todas con la educación contratada con iglesias y “entidades sin animo de lucro”, que atenta gravemente contra la dignidad del docente y los derechos fundamentales de los estudiantes, al ser esta una educación de pésima calidad, más bien deberían vincularse en la planta docente nacional los maestros y profesores necesarios con reales competencias pedagógicas, para cada municipio, pagándoles el salario de acuerdo a su escalafón y competencias; terminar con la injusta proporción alumno/docente en las zonas veredales, donde en algunos lugares hay pocos estudiantes que necesitan un docente, es decir, hay que tener en cuenta las particularidades de los territorios; dotar de la infraestructura locativa necesaria, así como, de los instrumentos tecnológicos y pedagógicos indispensables para acceder al conocimiento global; recuperar para el sistema educativo en el Sur de Bolívar, a los jóvenes “raspachines” de las hojas de coca, brindándoles oportunidades educativas y laborales.
En fin le llegó la hora a quienes tienen la responsabilidad de responderle a los ciudadanos por una mejor calidad de vida, en tomar las riendas de la construcción de la paz en el postconflicto, dejando atrás la retorica y enfocarse en una paz estable y duradera a partir de la justicia social y de la educación como instrumento de cambio.
LUIS DANIEL VARGAS SÁNCHEZ
Ex gobernador de Bolívar
Magister en Educación