DUMEK TURBAY PAZ – Gobernador de Bolívar (Especial para Revista Zetta).- En el gobierno del Bolívar Si Avanza nos comprometimos desde el día uno con el anhelo de paz de los bolivarenses. Anhelo de paz igual al de tantos colombianos que han sufrido directa o indirectamente los rigores de la guerra.
El gobierno entiende que la paz es un derecho y un deber irrenunciable. Tal cual como lo establece la Constitución Nacional. De allí, que no hemos perdido un minuto en dejar de impulsar todas aquellas acciones de gobierno necesarias para prepararnos para transitar de una situación de guerra a una de paz.
Construimos un plan de desarrollo para la paz y el posconflicto. Sustentado en el primer eje de nuestro programa de gobierno, que reza: avanzar libre de pobreza y de exclusión a través de la educación y la paz.
Por eso una de nuestras mayores preocupaciones es trabajar por una educación de calidad y pertinente, reducir la pobreza, reparar integralmente a las víctimas y constituir una paz estable y duradera con enfoque territorial.
Ha sido preocupación permanente de nuestro gobierno, como lo establece el primer punto del acuerdo de la Habana, el reducir las brechas de la pobreza entre el campo y la ciudad, la alta informalidad de los derechos de la propiedad de la tierra y atender de manera eficiente la infraestructura física y social para llegar al destino que siempre hemos querido: ¡Que vuelva la felicidad al campo!
Desde la década del 70, el departamento de Bolívar ha padecido severamente el flagelo de la inseguridad, como producto de las acciones bélicas de la subversión y más adelante de las autodefensas.
El enfrentamiento entre guerrillas y autodefensas degradó el conflicto armado, poniendo en el fuego cruzado a la población civil. La geografía bolivarense se distorsionó a tal punto que buena parte de la población rural y de las propias cabeceras municipales se vieron forzadas a desplazarse hacia los centros urbanos.
El masivo desplazamiento en regiones como el sur de Bolívar y los Montes de María, llevó al abandono de las zonas productivas que pasaron a manos de despojadores insensibles, cómplices de extorsiones, masacres y toda suerte de vejámenes a esa población desprotegida.
Pese a que aún subsisten rezagos de las fuerzas irregulares y actos de barbarie en el sur de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, en los tiempos que corren se avizora un nuevo amanecer con ocasión de los acuerdos de paz de La Habana.
No solo estamos confiados en la recuperación de la tranquilidad para los bolivarenses buenos y laboriosos que predominan en nuestro suelo y el consiguiente retorno a la tierra de sus mayores, sino también en la posibilidad real de encauzarse por la senda del definitivo desarrollo para que sus descendientes adquieran el bienestar que se merecen.
La Administración departamental de Bolívar, entendiendo que tiene una gran responsabilidad con esas zonas tan maltratadas por el conflicto, ha dispuesto llevar a cabo todo un plan de desarrollo que les permita alcanzar ese objetivo.
Por tal razón se ha estructurado inicialmente el Contrato Paz de los Montes de María, entre otras estrategias, como una respuesta a la necesidad de recuperar y desarrollar una región con múltiples padecimientos, ya que este instrumento tiene la arquitectura institucional idónea para potenciar las competencias que tienen cada uno de los niveles de la estructura del Estado: municipio, departamento y Nación, en la coyuntura del posconflicto.
Los Contratos Paz son un esfuerzo de priorización de la inversión y planificación financiera en los territorios más afectados por el conflicto armado. En el caso del Contrato Paz de los Montes de María, se planea una inversión de aproximadamente dos billones de pesos, durante los próximos seis años, para los departamentos de Bolívar y Sucre para ejecutar 262 proyectos que permitan un desarrollo sostenible con prosperidad y justicia social.
Algo similar se hará para el sur de Bolívar, región que merece un gran desarrollo integral con un modelo acorde con sus realidades, una vez se supere el conflicto. Con estas inversiones lograremos impulsar el auto desarrollo de todo el departamento y superar el rezago de tantos años.
El posconflicto, es sin duda, la gran oportunidad de remover las causas estructurantes u objetivas que generaron la guerra. Es una oportunidad de edificar un país tolerante y reconciliado. Es el momento para que los recursos que se invertían en guerra lleguen a los territorios pero para ser aplicados en obras de desarrollo para los pueblos.
El otro rostro de la paz es el desarrollo con justicia social. Eso es lo que esperan los colombianos, especialmente los más pobres.
Nuestro gobierno, finalmente, y quiero que se sepa, está preparado para comenzar a suturar el tejido social dañado por los rigores de la guerra, para consolidar el compromiso que tenemos de hacer de Bolívar un territorio de paz.