El personero William Matson Ospino entabló acciones legales con el fin de que el alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez ponga en vigencia el denominado Manual de Conducta y Convivencia Ciudadana, que data desde 2004.
A través de una acción de cumplimiento, el representante del Ministerio Público busca que el mandatario acate los artículos 161, 162, 163, 164 y 165 del acuerdo distrital 024, que contemplan una regulación de las zonas de parqueo en el centro histórico.
En su artículo 161 el acuerdo establece que “corresponde al Alcalde Mayor del Distrito en asocio con las autoridades de policía y en armonía con las disposiciones del Código Nacional de Tránsito reglamentar los estacionamientos ubicados en inmuebles de uso público, como parques, zonas verdes y escenarios deportivos de ésta Índole, así como los sitios que se pueden destinar para éste fin en el sector histórico”
Y en su artículo 164 agrega que “Los centros comerciales y los almacenes de cadena deberán diseñar zonas de estacionamiento para vehículos teniendo en cuenta la cantidad de público que piensan atender y dentro de las mismas será necesario que destinen una parte para personas discapacitadas”.
Matson explicó que “en la actualidad, la inexistente regulación en esta materia, producto de la conducta negligente de la parte accionada, ha contribuido a la consolidación de una verdadera problemática pública en algunos sectores de la ciudad”
Expresó además que “es un hecho notorio, el que prácticamente todos los propietarios de vehículos que habitan en Cartagena, deban sortear día a día los avatares que traen consigo la poca oferta de estacionamientos dispuestos en las zonas más concurridas de la ciudad, y las arbitrarias tarifas que inescrupulosos han fijado con ocasión de ello”.
Para Matson Ospino, el incumplimiento del Manual de Conducta y Convivencia Ciudadana ha traído consigo un abuso en el cobro de la tarifas de estacionamiento.
“En el caso particular del Centro Histórico, dicha circunstancia ha propiciado que estos establecimientos se ubiquen en una posición dominante en el mercado, lo que les permite fijar las tarifas abusivamente, ya que no existe una real competencia en dicho mercado, ni tampoco una reglamentación clara del tema”.