La directora nacional de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas expresó su preocupación por el acatamiento del fallo de la Corte Constitucional que ordena que a cerca de 150 madres comunitarias que instauraron acciones jurídicas contra la entidad para que sean contratadas directamente, porque la avalancha de unas solicitudes similares cercanas a las 70 mil podría poner en riesgo a la misma institución.
“Tenemos una preocupación muy grande, el fallo de la Corte Constitucional puede costarle al país $22 billones, esto es una suma muy alta y por eso nosotros hemos presentado la nulidad de esta sentencia, ya existían sentencias anteriores en donde no reconocían el contrato realidad, entendiendo que las madres comunitarias es un trabajo como su nombre lo dice ‘comunitario’ en donde los papás fueron quienes durante tiempo le pagaron a las madres y el ICBF dando unos recursos para alimentación, fue tomando una fuerza política, que hoy en día se reconoce un contrato de trabajo a través de unas fundaciones y esas fundaciones son las que tienen que responder.”
La funcionaria confirmó que están a la espera de las proyecciones que se tienen para las madres comunitarias que fueron beneficiadas con el fallo de la alta corte para proceder a la contratación directa con la entidad.