Se sabía. La Procuraduría iba a colocar sobre las brasas toda la carga jurídica para revertir el fallo de tutela que le molestaba como piedra en el zapato: el regreso de Manolo Duque a la Alcaldía.
Se presentía. A la prensa bogotana se le había filtrado la decisión de la Sala de Revisión del Consejo de la Judicatura.
Se esperaba. La victoria jurídica del alcalde Manolo con la tutela era ave peregrina, que acrecentó la animadversión inocultable del procurador Fernando Carrillo.
Era previsible. Cartagena se convirtió en un “caso de honor” para el procurador, y por eso estratégicamente calló ante los medios pero actuó a fondo en lo jurídico para apelar la decisión.
Es decepcionante. Cartagena de Indias quedó a merced de esta lucha de procesos, acciones, intereses y vanidades, y la interinidad pasó de ser lo excepcional a lo rutinario, síntoma de una grave enfermedad institucional.
Es evidente. Aunque Manolo está entre ceja y ceja del procurador, no es menos cierto que se han cometido errores jurídicos y estratégicos que han acentuado esa adversa condición. El confuso episodio de Valledupar, por ejemplo.
Hay incertidumbre. Manolo deberá completar el término de la sanción inicial de tres meses, pero crece el temor de que la Procuraduría prorrogue esa suspensión por otro tiempo. Una vez se notifique el Presidente de la República se sabrá quién estará encargado. Los tres inscriptores del movimiento Primero la Gente volverán a evaluar unas hojas de vida “indevolvibles”. Es decir, volveremos a tener dos posesiones de alcalde –como mínimo-.
Hay freno. Por más que se quiera negar, el retiro temporal de Manolo es un freno a la administración pública de la ciudad, porque al frente no estará el que eligió el pueblo sino el que determinen las circunstancias legales.
Es increíble. El desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II se está convirtiendo en el colapso de todo un proyecto de gobierno que se jugó su pellejo en las urnas, pero que quedó sometido al impetuoso designio de un procurador.
Es triste. La ciudadanía cartagenera no merece este calvario institucional. El procurador se pasa de maracas, el alcalde ve resignada su suerte, el canibalismo se exacerba, y la gente sigue perdiendo. Todos perdemos. Nos jodimos, otra vez.