La RAP es un paso político e institucional importante, pero requiere una franca discusión regional y nacional que se amplía de gobernadores y políticos a la participación de las comunidades, las organizaciones sociales, la academia, los empresarios.
Como organización política nacida en el caribe colombiano, el Movimiento Fuerza Ciudadana, expresión de las nuevas ciudadanías brotada en la antigua Santa Marta y hoy convertida en una fuerza política que crece en las regiones colombianas destacamos la conformación de la RAP Caribe y la imperiosa necesidad de su conversión en la Región Ente Territorial -RET Caribe -. En este propósito estamos comprometidos sin desmayos.
Con la aspiración presidencial que enarbolamos desde esta Colombia periférica, creemos que las regiones tienen que hacer un viraje estratégico en su relación con el centralismo asfixiante y que explica, en notable medida nuestras desigualdades interregionales. Esta búsqueda de autonomía para transformar a Colombia en una República Federal moderna y sostenible requiere, por supuesto, una copiosa y firme validación popular y multiétnica. No se trata solo de sintonizar a mandatarios y políticos, sino de amalgamar las voluntades de alcaldes, líderes sociales y organizaciones para que le den el peso y la legitimidad popular a este proceso.
La RAP Caribe, como bien lo han dicho algunos destacados dirigentes de la región, debe interpretarse como un punto de partida y no como de llegada en la perspectiva de la autonomía regional y en la conversión del Caribe en unidad clave de un Estado Federal que auspicie un superior dinamismo y capacidades a un país de naturaleza diversa.
En esa dirección, nos corresponde reivindicar con más fuerza y entusiasmo el mandato de los 2.502.726 ciudadanos que votaron en el 2010 para la regionalización, y no solo por un esquema de planeación regional a través de la RAP.
Creemos que la dirigencia política reunida este 19 de octubre en Barranquilla está en deuda con ésta expresión popular del 2010 en tanto el gasto público ha ido recentralizándose a partir de intercambio de prebendas y favores entre el gobierno nacional y las élites políticas regionales, lo que se evidencia en la clara desfinanciación de la salud y educación públicas. De ahí la crisis permanente de nuestros hospitales regionales y de nuestras universidades públicas.
Sí, la RAP es un paso político e institucional importante, pero requiere una franca discusión regional y nacional que se amplía de gobernadores y políticos a la participación de las comunidades, las organizaciones sociales, la academia, los empresarios para avanzar desde ya en la reducción drástica del gasto de funcionamiento de asambleas, concejos, asimismo como en la simplificación de la multiplicidad de organismos de control territorial que pobre favor hacen a la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público.
Cerrar el conflicto armado y abrazar la paz sustentable requiere refundar democráticamente el Estado, alcanzar la equidad regional y potenciar las vocaciones productivas regionales que el modelo central asfixia sin contemplaciones. Pero también requiere responder desde nuestros propios niveles de gestión por buenas prácticas que le devuelvan al constituyente primario la confianza en un Estado que se acerca, que se federaliza para resolver problemas y optimizar oportunidades que conduzcan al bienestar de las mayorías.