Vergüenza histórica: van 10 concejales privados de la libertad

La medida de aseguramiento que un juez dictó este viernes contra ocho concejales en ejercicio confirma que este ha sido el periodo más oscuro en la historia del Concejo de Cartagena.

El escándalo de corrupción por la anómala elección de la contralora Nubia Fontalvo (también presa) tiene en la cárcel a Jorge Useche (quien ya perdió la curul), Angélica Hodeg (con domiciliaria tras estar en intramural) y este viernes envió a sus casas a Luis Javier Cassiani, Édgar Mendoza Salame, Antonio Salim Guerra, William Pérez, Duvinia Torres Cohen, Lewis Montero, Américo Mendoza Quessep y Erich Piña.

Como si fuera poco, esta semana la Mesa Directiva perdió a la primera vicepresidente, Judith Díaz, al ser notificada de un fallo de tutela que devuelve la curul a Ronald Fortich, también procesado en este bochornoso caso, pero a quien el juez solo le dictó medida privativa de salir del país. Es decir, que el martes podrá reincorporarse a su curul, si el presidente Wilson Toncel expide el acto administrativo correspondiente.

Por cuenta de este escándalo, también la ciudad perdió a su alcalde elegido en 2015, pues Manolo Duque se vio obligado a renunciar tras ser enviado a la cárcel, junto con su primo hermano José Julián Vásquez. Ahora nos abocamos a elegir un alcalde en periodo atípico, y mientras tanto ha estado encargado Sergio Londoño Zurek.

Además, está pendiente la definición de la situación de Javier Curi, a quien quebrantos de salud le impidieron estar al comenzar la audiencia de medida de aseguramiento, pero una vez le sea efectuada, es probable que siga la misma suerte de los otros ocho enviados a su casa este viernes.

El juez Segundo Municipal de Control de Garantías, Marvin Ayos, tomó estas decisiones basado en los alegados presentados durante la audiencia de definición de medida de aseguramiento, solicitada por la Fiscalía. En su momento fue la fiscal 53 Liliana Velásquez la que condujo la investigación, lo que le valió ser considerada la Fiscal del Año 2017 por la Fiscalía General de la Nación. Por quebrantos de salud, la fiscal Velásquez no pudo continuar con el caso.