A un laboratorio clínico de la ciudad, que presta sus servicios para un centro hospitalario, le adeudan facturas desde 2015 y por ello no tiene al día la seguridad social de sus trabajadoras.
Una de ellas presenta síntomas similares a los descritos para coronavirus, y está angustiada porque quiere que le hagan la prueba, pero su EPS se niega porque no la tiene activa.
La trabajadora, que es bacterióloga, se encuentra aislada en su residencia, es conocedora del manejo clínico de un paciente sospechoso, pero clama que de manera urgente le hagan la prueba.
Sabe que tiene una anomalía respiratoria, y por su labor en el sector salud, considera que ha estado expuesta y en riesgo.
Hizo una consulta médica y el galeno le ordenó un tratamiento, dice la gerente.
La gerente del laboratorio sostiene que ha tocado varias puertas para que la EPS acceda a hacerle la prueba, y se comunicó con Revista Zetta para hacer pública su preocupación y la angustia de su trabajadora.
De igual forma, sostiene que ha hecho similar petición a la ARL y al Dadis, pero aún no recibe respuesta.
También pide que el centro hospitalario para el que presta sus servicios sea consiente de la situación, le abone la deuda, y permita ponerse al día con la seguridad social de las personas vinculadas.
